A punto ya de concluir el ciclo escolar 2018-2019, los docentes y alumnos festejan, quienes ofrecen Cursos de Verano se frotan las manos y los padres de familia se preparan para lo que viene en ocho semanas más: cuotas de inscripción escolar, compra de útiles, calzado y uniformes escolares.
En esta ocasión hablaré de las cuotas de inscripción que deben pagarse en las escuelas públicas y que van de 400 a 650 pesos en Pachuca, para los niveles de preescolar, primaria y secundaria.
Una vez más los padres de familia, las autoridades educativas y los medios de comunicación volveremos a caer en el juego que cada año jugamos: los padres de familia a pagar bajo protesta, las autoridades a insistir en que las cuotas son voluntarias y no las deciden ni las cobran las directivas escolares sino las sociedades de padres de familia, y los medios de comunicación, a reproducir lo que señalan unos y otros.
¿Pero realmente existe la obligatoriedad del pago de cuotas de inscripción? En la tinta sobre papel, es decir, en la legislación educativa, no es así. La educación, precisa la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe ser laica, gratuita y obligatoria. Pero en la práctica es tan simple; si los padres de familia quieren baños limpios para sus hijos, aulas iluminadas, pizarrones en buen estado, servicio telefónico para casos de emergencia, salones sin goteras y con bardas que den seguridad, saben que tienen que cooperar pagando dichas cuotas.
Y es que los padres de familia saben muy bien que la Secretaría de Educación Pública (SEP), cubre el salario de los maestros, llega a construir un aula extra… y punto.
En las escuelas el pago de la electricidad, del agua potable, del teléfono alámbrico, las reparaciones de sanitarios, de aulas, de cercas, la compra de jabón, escobas, papel sanitario, cloro, etcétera, corre a cargo de ellos y es posible gracias a la aportación, voluntaria o no, que realizan al momento de la inscripción, y que es extra, en muchos casos, de los apoyos que se ofrecen dentro del aula.
Y no todo termina ahí; son los padres de familia los que deben cooperar para que los directivos de los planteles contraten camionetas de carga y paguen a chalanes para transportar desde el “almacén” hasta la escuela los Libros de Texto Gratuitos.
Textos que si bien son gratuitos, no se depositan en los planteles, contrario a lo que ocurre con los útiles escolares y uniformes que entrega gratuitamente el gobierno estatal, el que sí los hace llegar hasta las escuelas.
Pero además, hacen notar a su vez las directivas escolares, en muchas ocasiones las cuotas de inscripción no alcanzan para cubrir los servicios y necesidades más indispensables que tienen los planteles.
Entonces entra en acción el grupo de Gestión Social de cada grupo o plantel, para llevar solicitudes de apoyo a las presidencias municipales, a empresas y a cuanta puerta se les abra para conseguir recursos para tapar goteras, reparar bardas, comprar mobiliario, etcétera.
“En mineral de la reforma nos mandan herreros, albañiles, fontaneros… en Pachuca no nos dan ni los buenos días”, me aseguran algunas maestras.
Resultará interesante, entonces, observar qué pasará ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla con lo que ha venido afirmando de manera reiterada, de que en su gobierno la educación será realmente gratuita.
Afortunadamente, me aseguran docentes, los padres de familia exigen cuentas claras del destino que se da a las cuotas de inscripción, pero en la mayoría de los casos entienden la carencia de recursos oficiales para los servicios y mantenimiento básico de los planteles, y en el 98 por ciento acceden a aportarlas.
Ante esta realidad, ¿cómo actuará el presidente López Obrador?