Ante el incremento de los casos de robo de identidad, delito conocido también como “pishing”, el diputado local José Luis Espinosa Silva, asegura que insistirá ante el congreso del estado para que la o las personas que incurran en este delito puedan ser castigadas con mayor rigor, y que las sanciones sean más altas en caso de que el delito sea cometido por funcionarios.
De acuerdo con el legislador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional “el phishing es una de las modalidades de estafa más utilizadas en la actualidad por los delincuentes cibernéticos para conseguir datos de gran importancia del usuario como su número de tarjeta de crédito, o cualquier información que después pueda ser utilizada para poder cometer fraudes.
“Este mecanismo de robo de identidad que es utilizado por los delincuentes, consiste en hacer uso de técnicas de ingeniería social, haciéndose pasar por una persona o empresa de total confianza y contactando mediante algún formato electrónico, generalmente un email idéntico al que suelen enviar esos contactos de confianza, pero si la persona que recibe estos correos no tiene ciertos conocimientos, no será capaz de detectar que se trata de un fraude”.
Espinosa Silva añadió que de acuerdo con datos oficiales, del 17 de julio del 2017 al 27 de febrero del año en curso la unidad de la policía cibernética ha atendido un total de mil 366 llamadas telefónicas, 410 correos electrónicos, 74 audiencias presenciales, y respondido 70 mandamientos ministeriales realizando así un total de mil 920 acciones de prevención y mil 784 de reacción se han atendido en promedio dos mil reportes a la fecha.
“Es por eso que la propuesta consiste en que la punibilidad que corresponda se incrementará hasta en una mitad a quien se valga de la homonimia, parecido físico o similitud de la voz para cometer el ilícito y también, cuando el delito sea cometido por un servidor público aprovechándose de la información a la que tenga acceso con motivo de sus funciones”.
Por último, señaló que en caso de tratarse de un funcionario, este será destituido de su empleo, cargo o comisión y se inhabilitará por un tiempo igual a la duración de la pena por el uso de un medio informático, telemático, electrónico, o el uso de una red electrónica o de internet para cometer el ilícito.
