Siete empresas “fantasma” hidalguenses, entre ellas Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos, se encuentran en la lista de 150 empresas verificadas personalmente por el SAT, de un universo de ocho mil 200 empresas que están siendo auditadas por expedir facturas apócrifas por 1.6 billones de pesos del año 2017 a la fecha, propiciando una evasión fiscal de 354 mil millones de pesos, equivalente al 1.4 por ciento del PIB nacional.
Margarita Ríos Farjat, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó lo anterior la mañana de este martes en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde exhortó a todas las empresas en el país a revisar su contabilidad y en caso de detectar que por “ignorancia”, “curiosidad” o “apuro económico” tengan en ella una factura apócrifa, acudir al SAT y corregir el error, “pues tengan la seguridad de que llegaremos a todas y cada una de estas empresas involucradas”.
La funcionaria federal presentó los resultados de una intensa investigación en torno al uso de facturas falsas para deducir o evadir el pago de impuestos, o para el delito de lavado de dinero, en la cual estas mil 200 empresas investigadas son una parte mínima, “pero representativa de la evasión fiscal en México.”
Ríos Farjat detalló en la conferencia todo el trabajo que ha significado el identificar a las empresas fantasma que son creadas con el fin de emitir facturas falsas, y las empresas reales que compran esas facturas para poder evadir el pago de impuestos o reclamar voluminosas devoluciones fiscales.
Todas ellas involucradas en una red en la que se repiten representantes legales o personas constitutivas de las mismas, lo que evidencia que se trata de una red bien constituida con fines criminales.
Operativo nacional
La titular del SAT informó que esto se conoció tras realizar, el jueves anterior, un operativo nacional para visitar personalmente 150 de estas mil 200 empresas factureras, entre ellas siete hidalguenses, detectándose además que se concentran principalmente en la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato y Puebla.
Citó el caso de una empresa que inició actividades en 2017 con 161 millones de pesos de capital, pero cerró el año con una facturación de 62 mil millones de pesos.
Se encontró además que en la mayoría de estas empresas fantasma los representantes legales son muy jóvenes y no necesariamente los beneficiarios finales, “por lo que creemos que pueden estar siendo utilizados por su inexperiencia.”
Estas empresas factureras son difíciles de localizar, sus socios habitan en zonas marginadas, abren cuentas bancarias y las cancelan frecuentemente y tienen un ciclo de vida muy corto, precisamente para que el SAT, con sus tiempos de actuación, lleguen cuando ellas ya han desaparecido.
Ocurre todo lo contrario con las empresas que compran facturas apócrifas, que suelen ser empresas bien establecidas, cumplen con sus obligaciones fiscales, tienen actividades reales o parcialmente reales y están localizables.
La titular del SAT subrayó que al 16 de julio se tienen registradas esas ocho mil 200 empresas factureras, “pero creemos que son una muestra pequeña de un universo total que podemos imaginar”, señaló. Dijo finalmente que al tiempo que se trabaja en materia de facturas apócrifas se viene trabajando a la par en otros rubros como el outsourcing –la subcontratación-, la subvaluación en materia de importaciones, entre otros.
Adelantó además que ya se han presentado un número importante de denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, tanto en contra de empresas fantasma o factureras como de 12 funcionarios del SAT que participaban en la creación de dichas empresas.
Cabe señalar que recientemente fue reformado el Código Fiscal y las penas corporales para quienes vendan o compren facturas apócrifas crecieron a entre tres y seis años de cárcel, sin derecho a fianza.
