De manera unánime, los diputados del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso local se pronuncian a favor del dictamen por medio del cual se aprueba que el gobernador del estado pueda ser sometido a juicio político.

Luego de la aprobación por unanimidad de votos de la reforma a la Constitución del estado de Hidalgo, para la inclusión del titular del Ejecutivo para ser sujeto de juicio político, en tribuna, la coordinadora del grupo legislativo del PRI, María Luisa Pérez Perusquía, señaló que su postura a favor se debe a que se trata de lograr un equilibrio entre los poderes del estado.

El fin primordial de  esta reforma planteada, es buscar el equilibrio del poder, así como un compromiso con la legalidad, la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones y servidores públicos por lo cual los diputados del PRI en la sexagésima legislatura local estamos de acuerdo en estos cambios a la ley en la materia”.

Luego de manifestar que para nadie son desconocidas las provocaciones que en últimas fechas se han vertido en contra del Ejecutivo desde el seno mismo del Poder Legislativo, manifestó que el juicio político  no puede ni debe ser un instrumento para hacer ajuste de cuentas y atender revanchismos políticos.

De igual manera, Pérez Perusquia añadió que el juicio político  tampoco puede convertirse  en una herramienta perversa de presión para atender a otros intereses que no son precisamente los de la sociedad hidalguense, sino en beneficio de grupúsculos políticos, además de manifestar su rechazo a que esta herramienta se utilice  como un recurso eminentemente político no para buscar justicia ni verdad, sino para tener un arma de persecución y presión contra el gobernador.

Por último, manifestó que por lo anterior, su grupo legislativo permanecerá pendiente de que el Juicio Político no sea utilizado como una herramienta jurídica de presión y sometimiento para atender intereses oscuros y mezquinos en algo que debe ser en todo momento pensado para el bienestar de los habitantes del estado.