Desaparición de poderes
Fabiola Díaz de León
La terrible ola de violencia que se vive en nuestro país ha desencadenado tendencias partidistas que apelan a la desaparición de poderes en tres estados: Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato. El primero, solicitado por la bancada panista en el Senado. Los siguientes, por la bancada de Morena.
Esto, en pocas palabras, sería que los actuales gobernadores y sus congresos pasarían a ser depuestos nombrando autoridades interinas y convocando a elecciones emergentes. Para que efectivamente suceda tal evento tendría que contar con dos tercios de aprobación del Senado y, posteriormente, la ratificación del Ejecutivo. Todo lo anterior según se establece en el artículo 76 de la Constitución.
Los indicadores de violencia en todo el territorio nacional son altos, destacan algunos incidentes sobre otros, sobre todo cuando éstos son cometidos por autoridades; tal es el caso de las ejecuciones extrajudiciales que se dieron hace unos días en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y que desencadenó la solicitud de la bancada morenista. No es lo mismo el crimen a manos de delincuentes o particulares que el crimen que se ejecuta escudado en la autoridad: policías municipales, federales, Ejército o Marina. Estos últimos levantan más focos rojos puesto que indican irregularidades en los poderes establecidos democráticamente.
Por desgracia la historia de México está cuajada de incidentes así, el 68, la guerra sucia, la guerra contra el narco, Atenco, Ayotzinapa y muchos más que tal vez sean menos sonados, pero no menos lamentables. Nuestra estadística no es un derivado de la ficción, sino de décadas de violencia que nos ha llevado a estos niveles en los que la inseguridad y la falta de confianza en las autoridades ha permeado todos los rincones de nuestras fuerzas armadas.
Las respuestas de la sociedad van desde las demostraciones feministas hasta las posiciones en el Senado. Esto claramente nos señala que es tiempo de actuar y establecer nuevos mecanismos que garanticen un estado de paz en el que la impartición de justicia sea efectiva, expedita y veraz. Un nuevo sistema donde civiles y funcionarios respondan por igual ante sus faltas. Si la impunidad sigue imperando la violencia no va a decaer. Si los funcionarios que tienen la obligación de protegernos continúan siendo los agresores, llegaremos a un vacío de autoridad tal que los victimarios pasarán a ser las víctimas.
Es fundamental que en la Cuarta Transformación se establezca una nueva justicia que renueve las instituciones que la imparten y cumpla con su función elemental de dar a las víctimas lo que merecen.
