El peligro que representan para la industria automotriz en México la “flexibilidad” gubernamental, originada por motivos político-electorales, para regular en el país automotores de origen estadounidense introducidos ilegalmente, amenaza nuevamente a empresas ensambladoras y distribuidoras.
Al respecto dio la voz de alerta el presidente de la Asociación de Distribuidores de Automotores de Hidalgo (ADAH), Octavio Márquez Martínez, al recordar que están “a la vuelta de la esquina” las elecciones 2020 y es en las campañas electorales en donde los candidatos acostumbran comprometerse a impulsar campañas de regularización de automotores usados de origen estadounidense.
“Del 2014 a la fecha se tiene conocimiento de que al menos han sido regularizadas un millón 300 mil unidades de todo tipo”, informó el empresario, para hacer notar que se introducen al país desde automóviles compactos hasta de super lujo, camionetas, pick-ups, casas rodantes, etcétera, muchas de las cuales fueron vendidas en Estados Unidos como chatarra.
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La carretera Pachuca-Ixmiquilpan es mudo testigo de la multiplicación de cementerios de automotores que se ofrecen en venta, la mayoría de ellos ya muy dañados por el sol o la lluvia, pues llegaron a la entidad en donde no existen refacciones necesarias para su mantenimiento y poco tiempo después quedaron abandonadas.
“En cada proceso electoral aparecen organizaciones que promueven la regularización de autos ilegales”, recordó el representante de las agencias distribuidoras de automotores en el estado.
Las ventas, con caída del 13%
Pensar en que se promueva una campaña de regularización más de estos automotores sería “la cereza en el pastel” para una industria que resiente severas afectaciones económicas, como una caída en las ventas, en Hidalgo, del 13 por ciento en lo que va del presente año.
“Arrastramos 28 meses consecutivos con caída en las ventas”, informó Márquez Martínez, para subrayar que a esta situación se suman aspectos como el fiscal, con una normatividad tan férrea que desalienta el consumo de automotores nuevos y fortalece a un mercado irregular de autos usados, “que se venden por las esquinas”.
Buscando terminar con la evasión, con el lavado de dinero, las autoridades fiscales obligan a los distribuidores a someter a una exahustiva investigación a quienes desean adquirir un automotor nuevo, y el que debe llenar formatos y formatos para identificarle de manera plena en lo fiscal.
Los distribuidores de automotores se encargan entonces de la “chamba pesada” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que les hace corresponsables de cualquier posible delito vinculado.
“Y estamos hablando de multas de 30, 40, 50 millones de pesos, que llevan al empresario a decirle a Hacienda, mejor quédate con el negocio.”
