El Poder Judicial del Estado de Hidalgo, acreditó el delito de fraude al alcalde de Tlaxcopan, Jovani Miguel L.C., en agravio de locatarios del mercado municipal, sin embargo otorgó la suspensión provisional del proceso por lo que el edil tendrá hasta septiembre para hacer la reparación del daño.
Inicialmente el juez Pablo Marcelo Coifier, resolvió la vinculación a proceso del edil tras señalar que existieron elementos suficientes para acreditar el engaño, no obstante la defensa del imputado solicitó una medida alternativa considerada dentro del Nuevo Sistema Penal Acusatorio.
Durante la continuación de la audiencia inicial en el circuito judicial de Tula, el juez penal dictó el auto de vinculación a proceso en contra del edil y de la directora de Desarrollo Económico de la misma demarcación, Rocío A.A., quienes en diciembre del 2017 habrían pedido a los locatarios del mercado la cantidad de 65 mil pesos para incluirlos en un programa del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem).
En total fueron 14 las personas que depositaron dicha cantidad a una cuenta del banco BBVA Bancomer a nombre del municipio de Tlaxcoapan con recibos expedidos por la directora de Desarrollo Económico.
De acuerdo con los denunciantes, se les prometió ser beneficiarios con equipamiento para los locales del mercado municipal, sin embargo tras darse a conocer los resultados de la convocatoria durante 2018, no se publicaron los nombres de los comerciantes por lo que cuestionaron al alcalde por el dinero depositado.
Se conoció que el pasado 20 de junio el Inadem publicó otros resultados de beneficiarios a este programa, sin embargo ninguna de las 14 personas que realizó el depósito desde el 2017 se incluye en el listado.
Con estos alegatos, el juez penal resolvió que tras no haber justificado la razón del porqué no han salido beneficiados en esta convocatoria, se acredita la probable comisión del delito de fraude a través del engaño pues no existen pruebas de que realmente se les hubiera integrado en este programa.
Tras dictar la vinculación a proceso de ambos funcionarios, la defensa de los inculpados dijo que existía la disposición del reintegro de los recursos acelerando con ello la reparación del daño, lo cual fue avalado por el juez pese a que los afectados estuvieron en desacuerdo pues solicitaron pago de intereses y daño mora, petición que fue negada pues no fue expuesta en la carpeta de investigación.
De esta manera se suspendió el proceso por seis meses, tiempo que tendrá el edil y la directora para cumplir con la reparación del año, no obstante durante estos meses no podrán salir del país ni cambiar su lugar de residencia
