Al asegurar que a pesar de los avances que se han logrado en materia de impartición  de justicia, el diputado local por el distrito de Zimapán Víctor Osmind Guerrero Trejo, aseguró que aún persisten prácticas que ponen en entredicho la actuación de algunas personas que se dicen profesionistas.

Tras referir que estos personajes son conocidos como “coyotes”, quienes además de llevarse las mejores ganancias aprovechando la inexperiencia de la población, ha llevado a que de manera constante se presenten todo tipo de quejas, por lo que aseguró que ante el Congreso local ya presentó una iniciativa para acabar con este tipo de prácticas que aseguró dañan la economía de las personas.

“La propuesta es para exigir a toda  aquella persona que pretenda representar a la ciudadanía en juicios civiles la cédula profesional de la Licenciatura en Derecho registrada ante la Secretaría General del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, con lo cual se pretende acabar con el coyotaje”.

De igual manera, manifestó que actualmente en el mandato judicial no es indispensable para un litigio civil, los escritos y promociones pueden ser firmadas por el mismo interesado, sin que un profesionista en derecho las realice, ya que no existe una prohibición para que los denominados “coyotes” puedan asesorar a las partes e intervenir en un procedimiento judicial.

“El simple otorgamiento de un poder para pleitos y cobranzas, en Hidalgo, es cobrado por las notarías en montos que alcanzan, según las pretensiones y los apellidos del notario, cifras de varios cientos de miles de pesos, además de que no necesariamente tiene que ser un profesionista el que va a defender los intereses jurídicos de la ciudadanía”.

Por lo anterior a decir de Guerrero Trejo, es necesaria la exhibición de la cédula profesional debidamente expedida e inscrita ante las autoridades competentes, para que esta sea en una de las formas para acreditar la calidad de abogado patrono y/o mandatario judicial, siendo que con este acto dentro del proceso se pretende evitar la existencia de pseudo abogados postulantes, carentes de una preparación suficiente, acreditada y convalidada por una institución académica facultada para ello.