Pachuca.- En busca de mantener un Estado de Derecho vigente y adecuado que exige que sus instituciones y leyes actúen con eficiencia, claridad y gobernabilidad, en el Congreso del estado, a pesar de las diferencias se pueden lograr acuerdos, aseguró el diputado local de Morena Rafael Garnica Alonso.
Así lo refirió el legislador por el distrito local de Apan, luego de que en la sexagésima cuarta legislatura, se aprobara por unanimidad de votos, el dictamen número 261 que expide la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado, la cual aseguró coincidió con una propuesta presentada por el gobernador Omar Fayad Meneses, en noviembre de 2019, para que la vigencia de las licencias de conducir sea de cuatro años.
“En el dictamen presentado durante la sesión presencial más reciente, se observó que la hoy derogada Ley de Vías de Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, ha sido rebasada por la realidad que envuelve a la ciudadanía hidalguense, por lo que existía la necesidad de expedir un nuevo ordenamiento que permitiese dotar de seguridad jurídica a nuestra población”.
Garnica Alonso, añadió que luego de varias semanas de análisis de la propuesta finalmente fue mediante el diálogo que se logró el consenso y se determinó una vigencia de dos a cuatro años, en relación al costo de su expedición, con lo cual aseguró que quedó demostrando que pese a las diferencias, se pueden alcanzar acuerdos en la sexagésima cuarta legislatura local.
“A lo largo de los trabajos en la Comisión de Seguridad y Justicia, dónde fue turnada dicha iniciativa se vertieron, un sinnúmero de puntos de vista y perspectivas, abriendo a debate diversos temas, entre ellos justamente el plazo para la vigencia de la licencia. Pese a que las discusiones en torno al asunto en cuestión afirmaban que extender la duración a cinco años era excesivo por lo que se decidió dejarlo en cuatro”.
Por último el legislador local de Morena, aseguró que con estos acuerdos se busca antener un Estado de Derecho vigente y adecuado exige que sus instituciones y leyes actúen con eficiencia, claridad y gobernabilidad, pero sobre todo que garanticen a los gobernados el pleno ejercicio de sus derechos y libertades, promoviendo el pleno desarrollo de la vida pública y la cultura cívica y de la legalidad.
