La diputada de Morena, Corina Martínez García, refirió que a unas semanas de culminar el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso estatal, aún no se han aprobado las reformas para frenar y sancionar la violencia política de género en la entidad, por lo que urgió a discutir, analizar y en su caso, aprobar las disposiciones en la materia, ya que de lo contrario se corre el riesgo de no se puedan aplicar para la elección de 2021.
La congresista dijo que hasta ahora 13 Congresos estatales, entre ellos Hidalgo, no han aprobado las reformas tendientes a evitar la violencia política de género.
Expuso que es momento de ponerle un alto a este tipo de violencia que no solamente vulnera los derechos “por los que las mujeres hemos luchado por mucho tiempo, sino también afecta el ejercicio de la democracia en todo el país”.
Corina Martínez, integrante de la Comisión de Igualdad de Género de la LXIV Legislatura del Congreso de Hidalgo, subrayó la necesidad de que diputados hidalguenses contribuyan con hechos a erradicar y castigar la violencia política de género, mediante la aprobación de la legislación en la materia, antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, pues de lo contrario, posteriormente se complicaría.
Consideró que las legisladoras locales hidalguenses, independientemente de su ideología partidista, deben unirse para impulsar los cambios legislativos mencionados, a fin de que puedan hacer uso de estas disposiciones que permitirán poner un alto a la violencia política contra las mujeres.
Recordó que los derechos democráticos de las mujeres han sido vulnerados por muchos años debido a la falta de una legislación que erradique y sancione esa práctica que transgrede los derechos de la mujer.
Cabe mencionar que se considera violencia política, en razón de género, a toda acción u omisión ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres.
Esta violencia política contra las mujeres puede expresarse al restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de la mujer, obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones, impedir su registro como candidatas, realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género, entre otras prácticas.
