En conferencia de prensa, integrantes del Ayuntamiento de Tulancingo pertenecientes a diversas fracciones partidistas, informaron sobre el inicio de la carpeta de investigación bajo número FEDC/UNIDAD01/075/2020 en contra del expresidente, Julio César Soto Márquez, por peculado y otros hechos posiblemente constitutivos de delito.
La carpeta fue iniciada ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de la Síndico propietario Sara Luz Orozco Méndez y el fondo de la denuncia es por ejercicio indebido del servicio público, uso indebido de documentos y lo que resulte en contra de Soto Márquez e involucrados.
La denuncia tiene su fundamento en actos ejecutados por la pasada administración y su ayuntamiento, referente a que se realizó contrato de donación de un terreno en inmediaciones de Jaltepec, en donde actualmente se encuentran las instalaciones del Centro de Desarrollo Comunitario en dicha comunidad.
El acto de donación se generó en el 2015 y aparecen firmas de donantes, en este caso Julio Soto y 21 días después se hace un contrato de compraventa de ese mismo predio por la cantidad de 350 mil pesos.
Posteriormente, en el mismo año y a convocatoria del expresidente se sube punto de acuerdo donde se solicita autorización al Ejecutivo para celebrar un contrato de permuta, hablando del mismo terreno y contratante.
Se informó también que fueron otorgados 350 mil pesos a los contratantes y el punto de acuerdo era con otro enfoque, pues se le donarían 23 lotes de aproximadamente 4 mil metros cuadrados en el Rancho San Andrés a nombre de donantes.
Lo más irregular en este tema es que uno de los contratantes o propietarios del bien falleció en 2011, de ahí que se actuó con sigilo y se hace suponer que firmó escrituras de donación y compraventa.
Eso consta en escritura pública y fue detectado en el desarrollo del proceso de la actual entrega- recepción, por cierre de gobierno.
En su momento la asamblea pasada pudo corregirlo pero ahora al descubrirse el tema lo procedente era denunciarlo ante las autoridades competentes.
La falsedad ante autoridad implica una penalización, además de que también se incurrió en fraude procesal y peculado.
Serán las autoridades de procuración de justicia, las que juzguen el tema y quienes determinen la responsabilidad del exalcalde, la del Síndico y Secretario General.
En la conferencia de prensa, se contó con la presencia de la sindico hacendario Verónica Cortés, en representación de la fracción partidista del PRI; regidora Catalina Espinoza Domínguez, de Nueva Alianza; Isaac Miguel Gómez, de Encuentro Social; Gilberto Samperio, de Acción Nacional y José Antonio Vértiz Aguirre, de Verde Ecologista de México.
