El triunfo del Apruebo para iniciar el proceso que podría dar a Chile una nueva Constitución es la más reciente derrota del modelo neoliberal en la casa de su mejor alumno, el país sudamericano.
Este domingo 25 de octubre cerró el ciclo iniciado hace poco más de un año en las calles, con manifestaciones no solo a cargo de jóvenes, pero sí mayoritariamente realizadas por ese grupo de la sociedad. En total de 30 a 40 personas murieron en las protestas que empujaron la cita cívica dominguera.
Chile tiene tradición en preguntar a sus ciudadanos sobre política. Luego del golpe militar que derrocó a Salvador Allende, en 1978 se preguntó sobre el apoyo al dictador Augusto Pinochet. En número redondos 80 por ciento respondió de manera afirmativa y 21 por ciento en sentido negativo, números muy similares a los de este año. Lo que se destaca de ese año es la falta de la estructura electoral mínima, como padrón, lo que aunado al clima militarizado siembra la duda sobre el resultado.
La siguiente consulta fue apenas dos años más tarde, cuando se preguntó a los chilenos si aprobaban la Constitución del régimen pinochetista. Alrededor del 67 por ciento la aprobó en medio del estado de excepción y solo con un acto público autorizado a la oposición.
En octubre de 1988 las condiciones de la contienda electoral cambiaron, describe el Centro de Periodismo Independiente (CIPER) de la nación conosureña, pues ya hubo registros electorales, campañas y observación electoral. A la pregunta de si debería de seguir en el cargo Pinochet, 56 por ciento dijo que no y 44 que sí, con participación de casi el 98 por ciento de los registrados. Las cifras hablan por sí mismas.
Pero si Pinochet se iba el modelo no, y este fue legitimado en junio de 1989 en el último plebiscito del militar, en el cual 54 reformas constitucionales apuntaban a mantener el modelo económico y social instaurado por el gobierno militar, aunque eliminó restricciones en materia política, como que los partidos debieran abrir sus listados de militantes, y se reconocía la necesidad de respetar los derechos humanos.
Ahora el modelo conservado por el plebiscito de 1989 parece encaminado a sufrir serias modificaciones derivadas de que el ejemplo que fue a nivel mundial ya pasó de moda, pero sin cumplir las expectativas prometidas, igual que sucedió en otros lugares del mundo.
Importa ver algunas semejanzas y diferencias con México. La población chilena es menos del 10 por ciento de la mexicana, pero su coeficiente de desigualdad medido por el índice de Gini es de 0.46 mientras el de México es de 0.48. Los jubilados chilenos ya saben que sus pensiones no les alcanzan para vivir, mientras ese mismo horizonte es inminente para la primera generación de los fondos de retiro mexicanos, que fueron diseñados inspirándose en los chilenos. Además, el ascenso social es endeble en ambas naciones.
Parte de lo que tendrá que tomar en cuenta la nueva norma constitucional chilena, será recoger en sus artículos los derechos a la salud, a la educación o la previsión social, ahora excluidos y sus carencias seguramente ayudan a entender que el descontento haya inicio entre los jóvenes.
Pero hay que estar alertas. Un cambio de fondo no está a la vuelta de un año. Una plataforma de jóvenes postuló el “no, gracias” en vez del “Apruebo”, con el señalamiento de que modificar leyes no necesariamente trae cambios de fondo.
El camino a la nueva norma no será sencillo. El 11 de abril próximo, si la pandemia lo vuelve a permitir, los chilenos elegirán a los 155 miembros de la Convención Constitucional, que redactará el texto. Y, ojo, si bien podrán postularse ciudadanos independientes sin filiación partidaria, también lo podrán hacer miembros de partidos políticos sin cargos públicos, es decir, que la maquinaria partidaria estará frente a los ciudadanos que quieran llegar a la Asamblea.
Los convencionistas constitucionales chilenos tendrán nueve meses para lograr el borrador de la nueva norma, con tres meses de ampliación, y la exigencia de que los acuerdos sean tomados por dos tercios. Y si se logra consenso, aún se tendrá que ir a otro plebiscito donde los ciudadanos deberán aprobar o rechazar la nueva norma. Si no se concluye la redacción o el plebiscito es negativo, seguirá en vigor la actual norma.
Así, Chile sigue siendo modelo de cambio.
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