Si el éxito de un país se midiera por su capacidad para redactar la mejor definición de ley, México estaría a la vanguardia de las naciones del orbe, pero en el último lugar en su aplicación. El país no ha vivido en un Estado de derecho, se ha construido bajo la retórica de la ley. Setecientas reformas a la constitución lo avalan.
La mayoría de nuestras leyes lejos están de ser “sabias y justas” en raras ocasiones representan la “expresión de la voluntad general” han sido creadas a medias, con ambigüedades y vaguedades, a la medida de las necesidades de los grupos del poder, obedeciendo a la coyuntura del momento, respondiendo a los intereses partidistas o a las negociaciones en lo oscurito, y, en muchos casos, de manera superficial, como paliativos para remediar una urgencia, no para solucionar un problema.
En nuestra historia no ha habido caudillo, político, militar, civil o intelectual que no enarbolara la ley como bandera. De Iturbide a Santa Anna; de Juárez a Díaz; de Madero a Carranza; hasta Victoriano Huerta, el más célebre de los villanos de la historia nacional, hizo suya la bandera de la ley –la forma como ocupó el poder, si bien fue moralmente reprobable, fue estrictamente legal-.
Cuantas veces no hemos escuchado a los presidentes decir: “Nadie por encima de la ley”, “Aplicaremos todo el peso de la ley”, “Actuaremos con la ley en la mano”, “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.
La historia demuestra que nuestra clase política desestima la ley con cínica indiferencia, y, en el mejor de los casos, transforma su espíritu en bandera política. Con demagógico entusiasmo, el poder legislativo y el poder ejecutivo hablan de la ley, la defienden con vehemencia, se envuelven en la bandera de la legalidad, pero son incapaces de observarla.
México ha tenido siete constituciones desde la época de la independencia y su problema no ha sido el espíritu de la ley, sino la incapacidad y la falta de interés de los distintos regímenes para consolidar un Estado de derecho funcional, sobre todo con la de 1917, que cumplió cien años.
Las primeras cinco constituciones –creadas entre 1814 y 1847- reflejaron la inestabilidad del país en las primeras décadas del siglo XIX. La sexta fue la Constitución liberal de 1857, que ante la intransigencia y obcecación de la iglesia y de los conservadores, provocó una guerra –la de Reforma- y luego la intervención francesa y el fallido imperio de Maximiliano.
Entre 1857 y 1867, la Constitución no pudo aplicarse con normalidad debido a la guerra, pero Juárez la convirtió en su principal política. Al régimen porfirista poco le importo la Constitución: en el mejor de los casos, Díaz la aplicó a su gusto y conveniencia, y, en el peor de los casos, la hizo a un lado para gobernar hasta convertirla en letra muerta.
La Constitución de 1917 siguió un camino similar: conforme se consolidó el sistema político surgido de la Revolución, la “ley suprema” fue cediendo terreno a la discrecionalidad en su aplicación y simulación. De 1970 a la fecha, los presidentes le han metido mano a diestra y siniestra. Luis Echeverría, con todo y su “arriba y adelante”, reformó 40 artículos: José López Portillo quiso administrar la abundancia y defender el peso como perro modificando 34 artículos. De la Madrid dejó a un lado “la renovación moral de la sociedad” e hizo frente a la crisis económica de mediados de la década de 1980 reformando 66 artículos; durante el sexenio de Salinas de Gortari, entre los aires modernizadores del neoliberalismo y el espejismo del primer mundo, se reformaron 55 artículos.
Durante el sexenio de Zedillo, los diputados le dieron, tal como dijera Gonzalo N. Santos, “tormento a la Constitución” modificando 77 artículos. Los dos sexenios surgidos con la alternancia presidencial también se sirvieron generosamente: bajo el régimen de Fox se tocaron 31 artículos. Calderón por poco logra la realización de una nueva Constitución con 110 artículos reformados (recordemos que la carta magna tiene 116 artículos) y finalmente el record lo tiene Enrique Peña Nieto cuyo gobierno hasta agosto de 2016 por lo menos llevaba 147 artículos reformados más los que se sumaron.
El artículo más reformado es el 73, y quien lo ha ido modificando a modo es el poder legislativo, porque, casualmente, es el artículo que establece las facultades del congreso, así que diputados y senadores no han dejado de demostrar su voracidad a lo largo de un siglo.
Ahora con el gobierno de la cuarta transformación veremos cómo durante este sexenio se diseccionará la Constitución para lograr concretar un gran cambio que no será lo mismo a los gobiernos anteriores, en absoluto, éste gobierno solo realizará cambios pertinentes en bien de la grandeza de México, según argumenta.
Alerta, es para analizar, el próximo artículo modificado podría marcar la historia nacional, sí, ¿por qué no reformar el artículo 83°? quizá AMLO acaricie la idea, ¿Tú lo crees?… Puede ser, México es surrealista.
