Fabiola Díaz de León
A punto de empezar el silencio electoral de los comicios del 6 de junio de 2021 hemos visto un desempeño de la democracia mexicana en franca decadencia. Esto se debe a que las bases de lo que se debe entender por democracia se ha deformado durante décadas de manipulación y mentira diseñadas para hacer de la nación el botín político de una clase que hace uso de los recursos en pro de su propio beneficio y no el del país que administra.
Este país lo conformamos todos y, después de más de un año de pandemia, con una pérdida de más de un 8 por ciento del PIB que ha golpeado a todos los bolsillos por igual, desde los más pudientes hasta los más paupérrimos. Un incremento de arriba de 10 millones de personas en extrema pobreza y un régimen que no hace mucho por mantener los servicios públicos básicos suficientes como lo son: salud, educación, acceso a un trabajo digno, apoyos a los más necesitados… En fin, vivimos un México que no es justo y, por ende, no es legítimo.
Y no lo es porque hemos vivido un sexenio moroso en muchos rubros, que sostiene un aparato burocrático que se ha visto complicado absurdamente para mantener un ejército de funcionarios que cuestan billones para administrar papeleo más que inútil. Papeleo que tendría que servir para generar los pagos que le corresponden y que pone una y mil trabas para liquidarlos. Maestros y trabajadores que están en una nómina con garantía de contratos válidos apenas por meses y que aún así cobran atrasado cuando los gastos y servicios no esperan a nadie. ¿Existe acaso algo más injusto que trabajar a crédito para una institución que tiene sus recursos etiquetados con meses de anticipación del periodo anual que debe solventar?
Un Estado que se ha lavado las manos de toda responsabilidad porque entiende todos sus males como heredados.
Un poder Ejecutivo que no respeta sus límites e interfiere en los otros poderes como el legislativo y el judicial. Que usa su tribuna matutina para propagar escasas verdades, muchas teorías engañosas y llanas mentiras. Que deja en el desamparo a un gran grueso de los muchos votantes que lo llevaron a ocupar la silla presidencial: trabajadores de la cultura, intelectuales, científicos, sindicalistas, campesinos, obreros que ahora ya no tienen trabajo porque sus empresas han cerrado y sus fuentes de empleo también. A las mujeres cuya seguridad se ha visto más vulnerada y a las infancias que dependen de los ingresos de sus padres. A los enfermos que, muy lejos de tener seguridad de salud universal se enfrentan al más brutal desabasto aun enfrentando enfermedades terminales o de riesgo que ameritan medicamentos como pueden ser los que son de uso crónico como en el caso de los hipertensos o los diabéticos hasta los que tienen cáncer que no pueden ser atendidos hasta meses después de diagnosticados y que los llevan a una muerte segura, a no poder dar la batalla contra su enfermedad porque las instituciones de salud no cuentan con los medicamentos y menos los tratamientos ni el personal suficiente para atenderlos. Estamos, en materia de salud pública, ante un Estado genocida que antepone la salud económica de su supuesta austeridad a la vida de sus ciudadanos.
Vivimos una democracia que no genera bien alguno. Que se sostiene como un monstruo de mil bocas que se alimenta de la vida y el bienestar de sus gobernados. Un gobierno que ha creado nuevas fortunas para algunos sectores como lo son el ejército y ha dejado en total desamparo a los demás.
Como todos los gobiernos que he vivido en México desde que nací y que ya cuento con 52 años, del echeverrismo a la fecha, seguimos siendo el país que depaupera a la mayoría e impulsa a las páginas de forbes a los nuevos billonarios. La balanza no se ha emparejado, se inclina por unos pocos, sólo cambiaron los nombres.
Lo que se ha suscitado esta elección en materia de candidatos de cuota que claman ser una cosa que no son como El Mijis por MORENA, diciendo ser un candidato de grupos originarios y Daniel Martínez Terrazas del PAN, usurpando 2 de las 21 candidaturas que les otorgó el INE para estar representados en el gobierno y que, de esa manera, puedan acceder al presupuesto de 2,800 millones que por cuota les corresponden y que no verán llegar nunca a las personas que los conforman.
Por estas situaciones los pueblos originarios apelan a reclamar ser regidos por la modalidad de usos y costumbres para evitar la invasión de sus poblados y comunidades y garantizar que se rijan por una asamblea constituida internamente y de esta manera se mantienen fuera de la injerencia de un estado y sus autoridades que no les han resuelto su problemática en décadas si no es apenas en gestos falsos de reconocimiento cuando pretenden sus votos o favoritismos partidistas.
Probablemente esa autonomía de los pueblos originarios nombrando consejos de gobiernos sea la salida más viable para recrear una democracia realmente representada por las comunidades locales y cuyo bien último es el de políticas públicas que sí resuelvan sus problemáticas como tales. El fin de recibir justicia.
Con algunas candidaturas para la población LGBTQ+ en las que personas que no son parte de los grupos diversos a los que se refieren sus postulaciones se han hecho pasar por serlo para ocupar puestos de poder dentro de sus partidos. La misma usurpación y caricatura.
