Atotonilco de Tula. – Luego de que se cumpliera una semana del incendio en la
planta Actitud Tratamiento Ecológico de Residuos S.A. de C.V., ubicada en la comunidad Progreso, pobladores de la región indicaron que buscarán la intervención de autoridades ambientales del estado y la federación en torno al caso.

Los hechos se registraron el pasado 8 de julio, cuando se reportó la presencia de llamas en la planta incineradora de residuos bacteriológicos, principalmente desechos de hospitales.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Atotonilco, Tula y Tlahuelilpan, quienes sofocarln las llamas tras seis horas de labores, con el apoyo de dos camiones bomba y cuatro auto tanques cisterna; además, se informó que no hubo pérdidas humanas.

Derivado del incidente, a principios de esta semana, habitantes de la comunidad que comparte espacio con la empresa se reunieron con personal del ayuntamiento para conocer información a detalle sobre la operación de la planta.

De acuerdo con la delegada de Progreso, Luz Gabriela Ramos Pérez, a pesar de disposición de la administración local para dialogar con los pobladores, no existe información suficiente sobre la planta, pues señalaron que el gobierno antecesor no entregó documentos sobre la empresa donde se produjo el siniestro.

Asimismo, se dio a conocer que el único documento sobre Actitud Tratamiento Ecológico de Residuos data del año 2017 y corresponde a un documento de renovación; sin embargo, no representa el permiso para la apertura y operación de la misma.

En ese sentido, representantes del poblado refirieron su preocupación, por lo que solicitaron la intervención de autoridades de los tres órdenes de gobierno para conocer las actividades de la empresa y los riesgos reales que representa su operación en la zona. En próximas días se prevé una segunda reunión con funcionarios y habitantes de Progreso, así como representantes de la empresa.

Cabe señalar que, debido a que las actividades de la planta son el manejo de residuos biológicos, la autorización y supervisión está a cargo del gobierno de México.