Este martes fue publicada la Ley en Materia de Desaparición de Personas, misma que fue enviada al Congreso local por el gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, el pasado 8 de julio y la cual fue aprobada por las y los legisladores el día 19 de dicho mes.
Dicha ley, tiene por objetivo establecer la coordinación y distribución de competencias entre el estado y los municipios, para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, y esclarecer los hechos; así como prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en la materia.
Otro de los propósitos de la legislación, es confirmar el Sistema de Búsqueda de Personas para el Estado de Hidalgo; así como regular el funcionamiento de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo (CBPEH).
Del mismo modo, la Ley busca regular el funcionamiento del Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas del Estado de Hidalgo; además de que garantizará la protección integral de los derechos de la población que se encuentre desaparecida o no localizada hasta que se conozca su suerte o paradero, así como la atención, la asistencia, la protección y, en su caso, la reparación integral del daño y las garantías de no repetición a las víctimas o sus familiares.
Además, por medio de la Ley se pretende garantizar la participación de los familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas y establecer indicadores de evaluación, confiables y transparentes, sobre la eficacia y eficiencia de resultados en materia de hallazgo de personas desaparecidas y no localizadas, y de los programas establecidos para el combate a la desaparición de personas.
De manera anterior, Abel Rodrigo Llanos Vázquez, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo, indicó que dicha Ley, fue posible luego de trabajar en ella durante dos años y esta se encuentra legitimada por la sociedad civil.
De igual forma, explicó, “esta iniciativa ha sido socializada con organizaciones internacionales tales como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sí como por miembros activos del colectivo Por Nuestros Desaparecidos, esto establece lo legitimado que está este instrumento jurídico enviado por el gobernador”.
