Defensoría Pública
Noemí estuvo a punto de no estudiar la preparatoria este año por un error administrativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP). La autoridad educativa emitió a destiempo su certificado de secundaria, el cual es indispensable para inscribirse a la educación media superior.
La estudiante obtuvo 98 aciertos en el examen de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media
Superior (Comipems), pero el plazo del registro se había agotado.
Ante esta difícil situación, el abuelo de Noemí acudió a la sede central del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) para buscar una solución legal. El asesor jurídico Julio Salgado analizó el caso y planteó presentar un escrito de petición a la UNAM para evitar el juicio de amparo que implicaba que Noemí perdiera el ciclo escolar mientras se resolvía el asunto en los juzgados.
Así, en menos de una semana, las autoridades de la UNAM se comunicaron con la familia para resolver el problema administrativo e inscribirla de inmediato en la Prepa 4 “Vidal Castañeda y Najera”, en la Ciudad de México.
Noemí estaba decepcionada de las autoridades educativas por impedirle el acceso a la educación. Planeaba buscar un empleo para ayudar con los gastos del hogar y volver a realizar el examen, pero ya no fue necesario.
Con esta estrategia del abogado del IFDP se logró el derecho a la educación, tal y como indican las líneas de trabajo del Ministro Presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, de asegurar una justicia de calidad en condiciones de igualdad para
todas y todos.
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