IFDP
Defensoría Pública
El Juzgado Segundo de Distrito concedió el amparo para efectos de que la Legislatura del estado inicie el proceso legislativo.
En abril de 2013, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) tuvo conocimiento de posibles actos de tortura cometidos en contra de una persona representada por elementos de la policía ministerial de Colima. El IFDP, a través de la Secretaría de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos (STCT)
denunció estos hechos ante la Fiscalía General del Estado.
Además, la STCT presentó un amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito en Colima para impulsar la creación de una Fiscalía Especializada en la materia y así garantizar el acceso a la justicia, ya que el gobernador, el fiscal general, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos local y el Congreso del Estado
fueron omisos y no legislaron al respecto en tiempo y forma.
El 7 de octubre de 2021, el juez Francisco Javier García Contreras determinó que, dada su naturaleza, el IFDP constituye una de las instancias idóneas para garantizar el acceso a la justicia y puede exigir a las autoridades responsables dar
cumplimiento con las obligaciones impuestas por la ley, como lo es la armonización del marco jurídico de Colima con lo dispuesto en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas, Crueles, Inhumanos y
Degradantes para la creación de una fiscalía especializada en tortura.
El juez García Contreras concedió el amparo y ordenó al Congreso estatal presentar una iniciativa de ley que adecúe la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima a la ley general en la materia considerando la creación de la Fiscalía
Especializada, sus obligaciones y facultades, requisitos para su integración, y la asignación de una partida presupuestal para su operación y funcionamiento.
Así, la Defensoría pública federal seguirá trabajando para defender y garantizar los derechos de los ciudadanos más vulnerables del país, tal y como lo plantea el Ministro Presidente Arturo Zaldívar en sus lineamientos de trabajo, de hacer efectivo
el acceso a una defensa gratuita en todo el territorio nacional.
•La Defensoría Pública atiende, de forma prioritaria, a las personas adultas mayores, con discapacidad, mujeres, jóvenes, indígenas, migrantes, solicitantes de refugio y en general a quienes por razones sociales y económicas no pueden
contratar los servicios de un abogado particular; además, se brinda representación especial para niñas, niños y adolescentes.
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