El Estado de bienestar entraña la protección de la mayoría débil
frente a la minoría fuerte y privilegiada
Tony Judt
Como servidor público profesional, siempre he pensado que lo más valioso a lo que estamos obligados todos los servidores públicos es a focalizar nuestros programas, políticas, acciones y atenciones para que realmente beneficien a las personas y a los ciudadanos. Y aunque digan que “en política, la forma es fondo”, me parece que el fondo debe ser el beneficio directo a corto, mediano y largo plazo para la sociedad, a fin de que progresivamente cuente con mejores oportunidades de vida y de bienestar.
Tanto Estado como sociedad misma tenemos responsabilidad ética y jurídica con el bienestar de todos nuestros semejantes, empero todavía hacen falta en México “mecanismos concretos que contribuyan a la inclusión social desde un enfoque de derechos”, para que estos sean accesibles a un nivel satisfactorio y, entonces, puedan considerarse efectivamente democráticos, sobre todo cuando hablamos de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Pese a la reforma constitucional de 2011, los planes de gobierno en México todavía no consiguen adoptar como prioridad real y efectiva a los derechos humanos. Esto sucede debido a que la Hacienda Pública primero mira cuanto dinero tiene y para qué le alcanza, en cuyo caso se ajusta “a una cifra global y en torno a ella se discuten las prioridades en materia de derechos”, y no la cantidad de recursos que se necesitan para cumplir con los derechos más básicos de la población.
En consecuencia “los programas no han sido diseñados para responder a las obligaciones que tiene el Estado en materia de derechos humanos”, pues tampoco se ha definido puntualmente lo que requiere en términos económicos cada derecho de los casi 60 reconocidos en los programas públicos del Estado mexicano para su garantía y concreción. Esto se debe en parte a que el ciudadano todavía no es visto como sujeto de derechos, más allá de ser considerado de manera pragmática por todos los partidos y gobiernos como un simple sujeto beneficiario de programas con un enfoque clientelar o asistencialista.
Lo que entonces hace falta ver es el cómo sí para que los programas y políticas de Estado que contienen derechos fundamentales tengan el presupuesto suficiente para operar progresivamente, hasta “alcanzar el nivel de recursos indispensables para dar plena vigencia a los derechos humanos”. Esto a su vez permitiría algo tan necesario como imprescindible en la prestación de servicios públicos: Dar “al Estado mexicano la garantía de que los gobiernos que se vayan sucediendo en el poder, velarán por la vigencia de los programas sustantivos que contribuyan al logro de los derechos humanos”, tal y como en la letra lo establecen la Constitución y “los compromisos internacionales pactados por México”, así como “las obligaciones que en cada materia derivan de ello” (Presupuesto Público y Derechos Humanos, CNDH – UNAM – ONU, 2018).
