Salvador Franco Cravioto
Toda acción política está encaminada a la conservación o al cambio. Cuando deseamos conservar tratamos de evitar el cambio hacia lo peor; cuando deseamos cambiar, tratamos de actualizar algo mejor. Toda acción política está dirigida por nuestro pensamiento sobre lo mejor y lo peor.
Leo Strauss
De seguir aumentando la pensión actual para adultos mayores y ser actualizada en función del poder adquisitivo, el derecho a un nivel de vida adecuado y la inflación, se podrá ver si México en el futuro cercano se empieza a parecer más a las socialdemocracias europeas, o bien, a los fallidos intentos neoliberales y pos-neoliberales que los intereses globales han diseñado y recomendado desde hace unas décadas para las naciones latinoamericanas.
Pero entre ese futuro que está por verse y el marco jurídico actual con respecto al derecho a la pensión y a la jubilación, se avizoran complicaciones sociales y económicas ante la pérdida maquillada de este derecho humano de tipo económico, social, laboral y de seguridad social, en un llano flagelo a la progresividad de este derecho. De ahí que además esto puede, a falta de la seguridad que significaba para muchas personas en edad avanzada este derecho conquistado y con mayores beneficios pro personae, constituir asimismo una forma de violencia institucional a falta de garantía de un ingreso mínimo vital digno para la vejez de las millones de personas que alcanzarán altos números poblacionales en las próximas décadas.
Por otra parte, existe una evidente disparidad entre los actuales pensionados y jubilados -principalmente los del sector público-, que arroja un saldo de pensiones, por un lado privilegiadas e inclusive exorbitantes para algunas personas en retiro -V.gr. PEMEX, CFE y algunas del IMSS-, y por otro insuficientes para muchas otras. Aquí parece que el ideal a futuro tendría que ser el de recuperar las pensiones, si bien considerando la aportación laboral y social de cada persona, también bajo el principio de rangos de mayor dignidad e igualdad, con el cual se asegure el ejercicio universal y para toda persona del derecho a una vejez digna y sin dependencia económica de familiares u otras personas.
Podrá ser argumentado que se ha diseñado la institución de las Afores como alternativa o solución para hacer frente al problema financiero que para el Estado representa la carga económica de las pensiones. Sin embargo no existe punto de comparación entre los beneficios de las Afores con los anteriores derechos conquistados y las instituciones de seguridad social que los garantizaban. Aun con aportaciones voluntarias, el recurso para la vejez que la mayoría de personas recibirá de su cuenta individual será en la mayoría de los casos algo exiguo y por demás indigno e hilarante.
Ante esta nebulosa de derechos humanos de tipo económico y social que aún no se resiente en lo inmediato, se avecina un problema social y económico respectivo que dará lugar a una crisis que tampoco se dimensiona aún, pero que sin la menor duda llegará para las futuras generaciones. En tal sentido, el Estado debe buscar el cómo para que se logre contar con los recursos necesarios para la garantía de estos y otros tantos derechos fundamentales, de tal suerte que no se atente contra la dignidad humana, la protección con enfoque de derechos -que no asistencialista- de grupos etarios especialmente vulnerables de la población mexicana -como son las futuras personas adultas mayores-, así como el principio de solidaridad y el de progresividad de derechos conquistados.
