En sesión pública, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) resolvió cinco juicios ciudadanos promovidos contra las alcaldesas de Apan e Ixmiquilpan, el edil de Epazoyucan, y contra el ayuntamiento de Nicolás Flores.
El magistrado Leodegario Hernández Cortez presentó el expediente TEEH-JDC-162/2021, promovido por el regidor Santos González Alvarado y otros, por la negativa de la presidenta municipal de Ixmiquilpan, Araceli Beltrán Contreras, para dar contestación a sus solicitudes de información, siendo este el segundo caso que llegó al tribunal referente a la omisión de la mandataria, quien previamente fue acreedora a una multa económica.
Mientras que, el juicio ciudadano 164/2021 de Rosalío Palma Cruz contra el gobierno de Araceli Beltrán por su omisión y negativa de garantizar el acceso al derecho de la representación indígena concluyó con el ordenamiento del TEEH a la alcaldesa para que emita la convocatoria para que las comunidades de los promoventes elijan a sus representantes indígenas.
En el mismo contexto de representación indígena, por unanimidad el TEEH determinó la existencia parcial de agravios del Ayuntamiento de Nicolás Flores contra Francisco Javier Ramírez Martínez, representante indígena.
Se confirmó que el ciudadano denunciante fue elegido por la comunidad de Texcadho el pasado 5 de septiembre como su representante indígena; sin embargo no tiene voto dentro de las decisiones del gobierno municipal ni es acreedor a un salario al no ser un servidor público, pero el Ayuntamiento si debe otorgarle las condiciones materiales para el ejercicio de su cargo.
Finalmente, la presidenta municipal de Apan, Guadalupe Muñoz, se hizo acreedora a una multa de 100 UMAS, que equivalen a 8 mil 962 pesos, por no dar cumplimiento a la sentencia emitida por el tribunal el pasado 25 de noviembre, por la cual debía contestar las solicitudes de información de diversos regidores de su gobierno, “en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado se hará acreedora a una medida de apremio más severa, pudiendo ser arresto hasta por 36 horas o vista al Congreso local”, adelantó la magistrada presidente Rosa Amparo Lechuga.
El juicio promovido por la regidora de Epazoyucan, Ángela Delgadillo quedó como infundado; la funcionaria denunció que no la dejaron ingresar a una reunión el pasado 29 de noviembre, cuando hubo un paro de labores de policías municipales; sin embargo, dicha acción no vulneró sus derechos políticos-electorales al tratarse de un encuentro de carácter laboral del presidente municipal.
