Carolina Viggiano Austria, diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa para que se reconozca en la Constitución Política de México, como derecho de todas las personas, el acceso suficiente, oportuno y continuo al suministro de la energía eléctrica para la subsistencia de la población.
Al respecto, la legisladora federal aseguró que la energía eléctrica es uno de los factores que otorga a una nación el desarrollo, permite diseñar el crecimiento de su población y ser promotor de la erradicación de la pobreza.
Por lo anterior, la integrante del Grupo Parlamentario tricolor (GPPRI) planteó incluir un párrafo séptimo en el artículo 4 de nuestra Constitución General, para que el estado garantice las condiciones para el servicio a través de una tarifa social justa, o bien de medidas de auto generación y auto abasto individual o comunitario.
Desde la tribuna del Palacio de San Lázaro, expuso que la energía eléctrica representa un papel prioritario en México, que acorta las desigualdades, promueve el mejoramiento educativo, fortalece la inclusión en el acceso de servicios básicos e incentiva la economía. Subrayó que, como elemento indispensable para la prosperidad, resulta inminente no considerarlo como un Derecho irrenunciable.
Viggiano Austria puntualizó que garantizar el acceso al suministro eléctrico constituye la oportunidad para lograr una transición energética, en la que, anotó, sean observables estándares como la reducción de energía primaria de recursos contaminantes y privilegiar fuentes de energía limpias, como la solar o eólica. 
Tras recordar que, en México, hay dos millones de personas que no tienen acceso al servicio, mencionó que el país tiene compromisos internacionales, de aquí al 2030, para aumentar la proporción renovable, duplicar la tasa de mejora de la eficiencia energética, así como ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios en la materia, modernos y sostenibles.
La representante del partido tricolor por Hidalgo sostuvo que México tiene la posibilidad de hacer historia en beneficio de su nación, en virtud que posee marcos jurídicos a la altura de los compromisos, para decretar que el suministro de la energía eléctrica podría considerarse como un derecho humano.
