El grupo legislativo del PRI planteó en tribuna se constituya al Tribunal de Justicia Administrativa como un organismo público, autónomo e imparcial en el ejercicio de su función jurisdiccional, a fin de concretar adecuadamente la prevención, investigación y sanción de conductas que constituyan responsabilidades administrativas de las y los servidores públicos.
Durante la sesión ordinaria 38 del Congreso de Hidalgo, el diputado Roberto Rico explicó que la iniciativa reformaría la Constitución Política de Hidalgo para que dicho tribunal sea un organismo público, autónomo e imparcial, sin pertenecer a ninguno de los poderes del estado, “todo tribunal requiere de una legitimidad con independencia en sus resoluciones y que lo dote de plena autonomía para la impartición de justicia”, abundó.
Lo anterior con el objetivo de que dicha institución sea compatible con el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción y cumpla con la función que le ha sido encomendada por mandato constitucional, específicamente en la imposición de sanciones que correspondan a servidores públicos y particulares por actos, hechos u omisiones vinculadas con faltas administrativas graves.
“Lo que se pretende realizar, es una armonización conforme a la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción y la expedición de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción para cerrar la posibilidad de que la corrupción siga mermando en todos los ámbitos de nuestra sociedad”, concluyó.
