“Todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica, la cual no se debe condicionar con una evaluación médica”, afirmó Miguel Ángel Pérez, asesor jurídico del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), sobre la discriminación que sufrió Lucero por un juez de Colima.
En entrevista para Síntesis, el defensor público contó que Lucero padece discapacidad mental con signos de disfunción cognitiva y retraso psicomotor leve-moderado; por lo cual ha estado bajo tratamiento médico neurológico desde los seis años.
“Resulta que el papá de Lucero la demanda en un juzgado familiar por el desconocimiento de la paternidad, su objetivo era liberarse de la pensión alimenticia que le da a la joven mayor de edad”, narró.
En consecuencia, Lucero contestó la demanda y compareció a juicio, sin embargo, el juez, al ver la contestación y que ella es una persona con discapacidad, ordenó hacer una prueba pericial en medicina legal a la joven, a efecto de determinar su estado de salud, su capacidad cognitiva, y ver si era susceptible de ejercitar por si misma sus derechos y afrontar sus obligaciones.
“El juez, en lugar de tener por contestada la demanda, pide que se le haga una evaluación médica para ver si le reconoce la capacidad jurídica; lo cual fue un acto de discriminación”, manifestó Pérez.
En ese contexto, indicó que la delegación del IFDP en Colima intervino en el caso para asesorar a Lucero, “ella se fue a un juicio de amparo, ahí se le hizo ver al juez que hay un deber internacional aceptado por México que se establece en al artículo 12.2 de la Convención sobre los Derechos de las PCD en el que se indica que todas tienen capacidad jurídica y no se les puede condicionar el reconocimiento de esta al resultado de una evaluación médica”, explicó.
Por lo anterior, actualmente, Lucero puede participar en su defensa con el apoyo que pueda requerir en el juicio de origen; por lo que, su derecho jurídico es reconocido y no será sometida a una evaluación médica.
