Por: Zaid González
El primero de abril del presente año el Congreso del Estado de Hidalgo aprobó crear la Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos de Tortura, a raíz de que un juez del fuero federal concediera un amparo al Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) para ese motivo.
De acuerdo a lo aprobado, se adicionó una porción a un artículo de la Ley Orgánica del Ministerio Público Estatal, donde se establece que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción deberá contar con una escisión para indagar tratos crueles, inhumanos y degradantes de autoridades.
Lo anterior se funda y motiva por el artículo segundo transitorio de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, el cual indica que el Poder Ejecutivo deberá proveer lo necesario y realizar los ajustes presupuestales para la creación de la Fiscalía; mientras que por parte del Poder Legislativo deberá asignar una partida de gasto para la operación y funcionamiento de la dependencia en el Presupuesto de Egresos 2023. Mientras que el artículo tercero señala que la Fiscalía conocerá de las carpetas de investigación en trámite y las que se inicien con motivo de hechos con características de los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, iniciadas con posterioridad al 25 de diciembre del 2017.
Pero, ¿es realmente necesario la creación de una Fiscalía Especializada? La respuesta es un rotundo “NO”, toda vez que la Procuraduría General de Justicia del Estado sirve para promover y como su nombre lo dice “PROCURAR” la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y el interés tutelado por la ley; por otra parte es obligación del Órgano de Justicia capacitar, así como promover los derechos humanos y profesionalizar a su personal por medio del Instituto de Formación Profesional para así poder sancionar a los servidores públicos que comentan prácticas de tortura y a su vez atender la demandas de los usuarios.
El tema a debatir es que no se cuenta con el personal suficiente para hacerle frente a la carga de trabajo y que no se cuenta con el personal debidamente capacitado, tan es así que el 26 de Octubre del 2021 el Procurador en turno Alejandro Habib, informo que se tenía un rezago de alrededor de mil carpetas de investigación con presuntos actos de tortura, situación que deja al descubierto que Procuraduría no funciona como debería, porque de ser así, no tendría razón el crear una fiscalía especial, al contrario, crearla exhibe que el Órgano de Justicia carece de profesionalismo así como de credibilidad y en un intento desesperado tal como si fueran patadas de ahogado, se lavan las manos tapando el problema creando esta nueva fiscalía, algo así como querer tapar el sol con un dedo y con ello buscar decir que ya se están haciendo cargo del problema.
Y todo esto viene a colación de una Procuraduría que carece de autonomía, ya que el puesto de Procurador General se le otorga a alguien de confianza para que el que está en el Ejecutivo Estatal pueda tener injerencia dentro de este Órgano, cuestión que de igual modo no tendría por qué ser así, aunado a ello también agreguemos que la Procuraduría General es lenta al momento de integrar las carpetas de investigación, toda vez que el argumento para justificar su desdén, es en primera instancia por “la carga de trabajo” en segunda instancia que están a expensas de otras dependencia de la misma Procuraduría como por ejemplo: Servicios Periciales, Coordinación de Investigación y Recuperación de Vehículos Robados, Policía de Investigación, Laboratorio de Genética y Química Forense, C5i, entre otros y a ello agreguemos también que para hacer cualquier actuación necesitan la autorización y firma del Coordinador (a) de Carpetas de Investigación.
Dicho lo anterior podemos observar que es mucho el papeleo, que al final se traduce en tiempo y a su vez, cabe señalar que también existen agentes del ministerio público que en verdad no quieren ingresar las denuncias y/o querellas con el falso argumento de que “no encuadra en el tipo penal” y al usuario se lo marean por desconocer que sin necesidad de un abogado pueden solicitar “Audiencia de Control Judicial” para denunciar la inactividad del agente del ministerio público y en su caso iniciar un proceso en Contraloría, pero aquellos usuarios que tiene el coraje y la valentía para denunciar a estos servidores públicos ante Contraloría, es lamentable ver que sus esfuerzos son frustrados porque entre servidores públicos se echan la mano, porque son conocidos o familiares de algún directivo o actor político. Y es que esta práctica es tan habitual que ya hasta se está planteando crear “La Ley de Responsabilidades Administrativas” propuesta presentada el 22 de marzo de este año por los diputados Citlali Jaramillo y Roberto Rico para regular la actividad que realizan las y los servidores públicos de los gobiernos Estatal y Municipal, la cual busca brindar certeza a las y los ciudadanos en el combate a la corrupción.
Ahora bien, si hablamos de temas de corrupción, tenemos que hablar de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, órgano que se creó para atender, de igual modo, un problema grave en el Estado y que la Secretaría de Contraloría Estatal no estaba dando resultados, pero que de igual modo de nada ha servido, solo basta con ingresar al portal de transparencia para confirmar que de todas las denuncias que se han hecho a funcionarios corruptos, se han quedado en el proceso y que a los que sí han inhabilitado por prácticas corruptas, son casos contados de revanchas o venganzas políticas, pero el verdadero cáncer allí sigue y en ese sentido, volvemos a insistir, que si las instituciones anteriormente mencionadas, funcionaran como debe de ser, no tendría por qué crearse esta propuesta de ley así como la creación de organismos especializados.
Con todo lo vertido hasta el momento, podemos concluir que para solucionar este mal debería de hacerse algo parecido a lo que propone nuestro Presidente de la República con el tema de los Consejeros y Magistrados electorales, ya que en conferencia del pasado 29 de marzo del presente año, informo que se buscará que el ciudadano los escoja por medio de votación directa. Así que si trasladamos esa idea a nuestro Estado, donde los ciudadanos voten para elegir a su Fiscal General (Procurador), tendríamos una verdadera autonomía así como una verdadera certeza en la procuración de justicia pronta y expedita, que es lo que a los ciudadanos les interesa.
Esperemos que las propuestas y decisiones de nuestros representantes en el Congreso Local sirvan de algo, porque de lo contrario solo servirán como fachada y el recurso que reciban será un recurso desperdiciado y eso nos cuesta y nos afecta a todos.
Zaid González CEO de Firma Legal Horbat Cromwell
Síganos en nuestras redes:
FB: Zaid González
Twitter e IG: @zaid_gonzalez_e
