«El caso de Leopoldo es perfecto para reflejar lo efectos sumamente devastadores que el sistema de justicia penal puede tener sobre las personas”, aseguró Víctor Prada Picos, subdirector de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP).
En entrevista para Síntesis, el defensor público contó la historia de Leopoldo, un adulto mayor de 67 años que fue detenido en julio de 2012 en Temixco, Morelos, por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada, secuestro, portación de arma de uso exclusivo del ejército y posesión de cartuchos.
“Leopoldo actualmente vive una doble injusticia. La primera es que ha permanecido de manera injustificada en prisión preventiva por más de nueve años sin obtener una sentencia de primera instancia; y la segunda es que, después de haber sufrido terribles actos de tortura durante su detención, no ha conseguido ningún tipo de investigación, ni sanción para los responsables que lo torturaron”, indicó.
Prada Picos explicó que la tortura que sufrió Leopoldo fue física y psicológica por parte de los agentes para obtener una confesión e imputar al adulto mayor en los hechos delictivos, “me pegaron en las costillas muy fuerte, me fracturaron. Con el palo de mi azadón me violaron. Estuve amarrado y esposado como una hora y media”, testificó la víctima en un escrito que dirigió al magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldivar.
El señor Leopoldo, dijo Víctor Parada, “tocó las puertas de todas las instancias que pudieran tener una competencia para ayudar a su caso, acudió a la Derechos Humanos, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; hasta que, en 2019 dirigió un escrito a Arturo Zaldivar, planteando su vivencia, con los dictámenes médicos y psicológicos conforme al protocolo de Estambul; fue así que nos fue turnado al IFDP”, detalló.
En respuesta, la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos inició la documentación del caso, el cual tiene un gran avance sobre el delito de tortura, pues existe una orden de aprehensión contra los agentes que agredieron a Leopoldo, “desafortunadamente la orden que se giró en 2016 nunca tuvo un resultado favorable”, mencionó el defensor.
Añadió que el IFDP, en mayo de 2021, a nivel nacional solicitó medidas provisionales al Estado mexicano para garantizar la atención médica y psicológica a Leopoldo, y que se considere la posibilidad de sustituir la excesiva prisión preventiva por una medida alternativa de detención; mientras que, a nivel internacional, se presentó una comunicación individual ante el Comité Contra la Tortura de la ONU, logrando obtener el número de queja 1072/2021.
Finalmente, el asesor jurídico refirió que esperan la resolución de un amparo indirecto para poder sustituir la excesiva prisión preventiva de Leopoldo; además envió un mensaje a las personas que tienen algún familiar privado de la libertad y que haya sufrido tortura o violación a sus derechos humanos, “acérquense a la Defensoría Pública, donde encontrarán el apoyo jurídico que necesitan”, concluyó.
