Los integrantes del Grupo Legislativo del PRI, Citlali Jaramillo Ramírez y Roberto Rico Ruíz, presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Juicio Político del Estado de Hidalgo, con el objeto de establecer el procedimiento de responsabilidad política de las personas servidoras públicas precisadas en la Constitución Política del Estado en su artículo 150, como un mecanismo de prosecución ante las acciones u omisiones indebidas en que las mismas incurran en el tiempo de su encargo y, cuando estas redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
En uso de la voz, la Diputada Citlali Jaramillo Ramírez puntualizó, que los hechos reprobables, requieren de mecanismos de exigencia de la responsabilidad de la que dependen, y bajo esa magnitud o intensidad de se imponga la sanción e, incluso, la decisión de poner en marcha los mecanismos como lo es el juicio político.
Por lo que enfatizó que el ejercicio de la función pública guarda un contexto ético-administrativo en el que, a los operadores de la misma, han de sujetarse a un actuar dotado de valores que les consoliden como personas íntegras y, que de no serlo se encontrarán sujetas a la prosecución de la conciencia pública, mediante el juicio político, en virtud de haber generado perjuicio a los intereses públicos fundamentales de la nación y de su buen despacho.
De esta forma reiteró que la exigencia sobre el estricto respeto a las obligaciones que derivan del encargo de funcionarios con un alto grado de posibilidad en irrumpir el orden social deberá apuntar a la aplicación práctica de sanciones, al agotarse el procedimiento político en el que se vislumbre la actualización de responsabilidad.
Por su parte el Diputado Rico Ruiz señaló que actualmente lo que aqueja a la ciudadanía, es esa vulnerabilidad social ante la impunidad y la protección a personas servidoras públicas, lo que conlleva a constituir un factor determinante para la inclusión de leyes y mecanismos que otorguen seguridad jurídica a las y los gobernados.
De ahí que dijo, una tarea fundamental de los legisladores es, hacer que los derechos de la ciudadanía prevalezcan de tal manera que la presente iniciativa atiende a los daños causados por aspectos políticos que dan paso al privilegio de unos cuantos para hacer posible la protección de corruptelas.
Lo anterior con base a la premisa fundamental de que la autoridad más que imponerse debe merecerse y de que es obligación de toda persona servidora pública servir con estricta responsabilidad en beneficio a los intereses de la sociedad, independientemente de su jerarquía, rango, origen o lugar de su empleo, cargo o comisión; por lo que resulta indispensable poner a disposición de la ciudadanía el poder del Estado para que sea la misma, la gran fuente de protección de sus derechos, a fin de establecer las bases para que la arbitrariedad, incongruencia, confusión, inmunidad, inequidad e ineficacia no prevalezcan, no corrompan los valores superiores que debe tutelar el servicio público.
El legislador priista fue enfático al señalar que, dando un paso a la lucha por la justicia igualitaria, se avanza en el propósito de dotar al Estado de todos los elementos indispensables, para oponer a las desviaciones del quehacer público y a la conducta ilícita de personas servidoras públicas, la majestad de la ley y la fuerza del derecho, cuyo propósito es evitar la inmunidad para las personas servidoras públicas que delinquen.
En su oportunidad, señaló que, en el entendido que hoy se pude destituir de los cargos a toda persona servidora pública que incurra en actos ilícitos, en el presente Proyecto de Decreto, se disponen los sujetos, las causas de atribución, el procedimiento y las sanciones a las conductas que quienes han ejercicio el servicio público pueden cometer durante su gestión, instituyendo un instrumento armónico ante el funcionamiento de los órganos del poder, que permita la protección e inviolabilidad de las disposiciones constitucionales, en un margen de reconocimiento, así mismo mediante un sistema de respeto a los derechos de las personas gobernadas, en un parámetro de concordancia con la vigente Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo.
Bajo esta tesitura hoy, señaló Rico Ruiz, «la ciudadanía exige se implemente una ley en específico para dar el tratamiento a lo que es el Juicio Político en el Estado, como un mecanismo para fincar responsabilidad política y sancionar con destitución y/o inhabilitación a personas servidoras públicas, en el ámbito de sus atribuciones, que han incurrido en arbitrariedad o abuso o exceso de poder». Concluyó.
