El diputado Roberto Rico Ruiz propuso crear un Consejo Consultivo, implementar un sistema de alerta digital y ampliar la definición de agresión, para fortalecer los mecanismos que garanticen la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.
Durante la sesión ordinaria 59 del Congreso de Hidalgo, el legislador priista detalló que la iniciativa planteada reformará diversos artículos de la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Salvaguarda de los Derechos para el Ejercicio del Periodismo, a fin de integrar un ente de consulta y observancia conformado por organizaciones civiles, organismos públicos y privados, activistas y periodistas.
Dicho Consejo Consultivo toma relevancia ante la situación que viven en la actualidad las y los defensores de derechos humanos, así como el gremio de comunicadores, el cual ha sufrido mil 945 ataques en lo que va de la actual administración federal, expuso Rico Ruiz.
En Hidalgo no pasa desapercibido el tema, dijo, pues la Comisión de Derechos Humanos del Estado ha registrado 17 quejas en agravio de periodistas y cuatro en contra activistas por los derechos humanos; por su parte la Procuraduría General de Justicia estatal ha iniciado 67 carpetas de investigación del 2015 a la fecha, «es primordial reconocer la necesidad que existe en la protección más amplia para las personas que ejercen estas funciones», afirmó.
Por lo anterior, planteó la integración del Consejo Consultivo con dos personas activistas de los derechos humanos, dos periodistas y tres representantes de la sociedad civil de carácter nacional e internacional; además, se incorporará el daño moral, patrimonial y económico en la definición de “agresión”; y dichos ataques, así como los físicos, amenazas o intimidación, contra cónyuges, ascendientes, descendientes o personas cercanas a las y los comunicadores también serán contemplados.
Aunado a lo anterior, la iniciativa pretende adecuar los catálogos de medidas de protección con una visión abundante de los principios y criterios que deben preverse; que se brinde acompañamiento de observadores de derechos humanos y periodistas, implementar la capacitación y formación permanente de servidores públicos en materia de derechos humanos, perspectiva de género, libertad de expresión y análisis de riesgo; y establecer un sistema de alerta digital a través de dos números para apoyo inmediato.
De aprobarse la iniciativa, en un término no mayor a 15 días naturales, el gobierno de Hidalgo deberá realizar las adecuaciones presupuestales y normativas que permitan el cumplimiento de la misma, así como la expedición de un reglamento; «se requiere de recursos técnicos, presupuestales, humanos para que podamos efectivizarlo y hacer un mecanismo eficaz, eficiente, funcional y es lo que estamos buscando», concluyó.
