Defensoría Pública
Juana Alonso es una mujer indígena maya, guatemalteca y sujeta a múltiples situaciones de vulnerabilidad, quien desde 2014 estaba privada de libertad en prisión preventiva en Tamaulipas.
Fue injustamente acusada de secuestro. En realidad, es sobreviviente de tortura. El Instituto Federal de Defensoría Pública promovió la adopción obligatoria de la opinión 35/2021 del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU en su 91º periodo de sesiones. Hoy hemos logrado su libertad.
En el litigio fueron cruciales evidencias como dictamen en medicina, fotografía y Psicología con base en el protocolo de Estambul, así como el dictamen en materia de Etnología. Si el IFDP careciera- como hace 4 años- de peritos, estas personas seguirían en la indefensión.
En su caso se violó el derecho de asistencia consular, debida defensa y presunción de inocencia. Todas esas injusticias terminan hoy. Felicito y reconozco el trabajo de nuestros abogados y abogadas Lorena del Carmen Moreno, Diego Tovar, Norma Lazo y Juan Luis González.
