La diputada Érika Rodríguez Hernández propuso exhortar al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que considere la posibilidad de incorporar al estado de Hidalgo en el programa piloto para que defensoras y defensores públicos federales puedan acudir en auxilio de mujeres y personas indígenas en reclusión, en asuntos de índole local.
En tribuna, la legisdora del Partido Revolucionario Institucional detalló que Hidalgo cuenta con el 12.3 por ciento de la población indígena total del país, siendo el el quinto lugar a nivel nacional con mayor índice de personas pertenecientes a los pueblos originarios, solo por detrás de los estados de Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Guerrero.
Con información del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional del mes de abril de 2022, precisó, Hidalgo tiene una población privada de la libertad de 4 mil 704 personas, de las cuales, en los últimos cinco años, se han registrado aproximadamente 350 reclusos indígenas
«A inicios del año 2021, de los 332 indígenas privados de su libertad, 15 son mujeres y 317 son hombres, de los cuales seis mujeres están procesadas y ocho sentenciadas por delitos del fuero común y únicamente una mujer procesada por un delito del fuero federal”,explicó.
Por ello, consideró oportuno solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que valore la viabilidad de implementar el programa piloto en Hidalgo, a fin de defensores públicos federales puedan acudir en auxilio de mujeres y personas indígenas en asuntos de índole local, logrando ampliar las posibilidades para que dicha población tenga acceso a la justicia.
Cabe mencionar que, de aprobarse el Acuerdo Económico, este podría ser el primer exhorto del Congreso de Hidalgo a la SCJN, dirigido al ministro presidente en su calidad de presidente del Consejo de la Judicatura Federal.
