Hace más de cinco años, Catalina fue sentenciada a 10 años de prisión por delitos contra la salud; la mujer de escasos recursos obtuvo su libertad condicionada con supervisión luego de cumplir una serie de requisitos, sin embargo, estuvo a punto de no gozar del beneficio porque no tenía el dinero necesario para pagar el brazalete electrónico requerido.
Así lo dio a conocer María Teresa Vázquez Franco, abogada del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), quien en entrevista para Síntesis contó cómo la intervención de la dependencia federal fue fundamental para conseguir un brazalete gratuito para Catalina, quien actualmente se reencontró con sus tres hijos.
“En el año 2016 Catalina fue sentenciada a 10 años de prisión; ella es madre soltera, tiene tres hijos y su situación económica era precaria cuando decidió transportar metanfetamina; fue trasladada al Centro de Reinserción Social de Ensenada, Baja California, lejos de su familia que vive en Jalisco”, relató la defensora.
Vázquez Franco fue asignada como la abogada pública de Catalina, quien a lo largo de su estancia en prisión cumplió con una serie de requisitos establecidos en lasa Ley Nacional de Ejecución Penal, como tener buena conducta, cumplir con el plan de actividades establecido, cubrir la reparación del daño y la multa, entre otros; a fin de obtener su libertad condicionada al cumplir el 50 por ciento de su sentencia, es decir cinco años.
“En julio de 2021 el órgano jurisdiccional le concedió a Catalina la libertad condicionada bajo la modalidad de supervisión con monitoreo electrónico, pero ni ella ni su familia contaban con las condiciones económicas para cubrir el costo del brazalete electrónico”, detalló la jurista al señalar que cada artefacto de este tipo tiene un costo mensual de seis mil pesos y se requiere dar una garantía superior a los 10 mil pesos.
No obstante, destacó que gracias a las gestiones de la Defensoría Pública se consiguió un convenio con la empresa monitores GPS, la cual le proporcionó el brazalete gratuito a Catalina, quien lo recibió el 11 de noviembre de 2021 en la Ciudad de México; “ella actualmente se encuentra viviendo con su familia, no puede salir del estado de Jalisco, cuenta con un empleo lícito y no puede ingerir alcohol, ni estupefacientes”, añadió.
Finalmente, Teresa Vázquez resaltó que las y los defensores del IFDP trabajan para ayudar a las personas privadas de la libertad, que cumplan con los requerimientos, para obtener el beneficio que tiene Catalina; pero, a fin de evitar afectaciones a la economía de sus familias, están tramitando la libertad condicionada en la modalidad sin supervisión electrónica.
