Defensoría Pública
Carlo, un migrante hondureño, fue secuestrado por un grupo de personas en San Luis Potosí en julio de 2020. Lo golpearon durante 10 días y lo despojaron de todas sus pertenencias.
Los captores exigieron dinero a su familia, pero como no obtuvieron respuesta lo abandonaron en una zanja sin ropa y en malas condiciones físicas.
Los pobladores lo ayudaron y lo llevaron a una casa del migrante, en donde fue atendido. Carlo denunció lo sucedido ante la Fiscalía del Estado, pero sólo se inició una averiguación por robo y lesiones, delitos no graves.
El abogado Roberto Gómez Maravilla inició el trámite para regularizar a Carlo por razones humanitarias. En marzo de 2021, el Instituto Nacional de Migración (INM) notificó a la Defensoría pública federal la negativa de la regularización porque no se acreditó ser víctima de un delito grave.
El abogado del IFDP interpuso un medio de defensa ante el Juzgado Tercero de Distrito en San Luis Potosí por vulnerar los derechos de igualdad y no discriminación, acceso a la justicia efectiva contemplados en la Constitución y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El 1 de octubre de 2021, el Juzgado Tercero de Distrito otorgó la protección de la justicia federal a Carlo y declaró la inconstitucionalidad de los artículos 133, fracción III de la Ley de Migración; 144 fracción III del Reglamento de la Ley de Migración y 50 numeral 4, inciso
a) Estos artículos son discriminatorios por solicitarle a la persona con situación irregular migratoria, que sea víctima de delito grave para poder regularizarla por razones humanitarias.
De esta forma el IFDP -órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal- se consolida como la Defensoría del Pueblo.
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