Con el cierre de la cárcel de Tizayuca, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo consiguió la clausura definitiva de las cinco prisiones distritales que se encontraban en el estado.
En 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación general número 28 para estados y municipios, sobre la reclusión irregular en las cárceles municipales o distritales en México.
En consecuencia, la SSPH inició las gestiones y trabajo documental y administrativo para atender la recomendación, logrando que los espacios ubicados en Zimapán y Metztitlán dejaran de operar en 2017, mientras que la cárcel de Atotonilco el Grande, Zacualtipán y Tizayuca cerraron en mayo, junio y julio del presente año.
Los recintos, que eran administrados por los ayuntamientos, carecían de infraestructura y capacidad para garantizar la seguridad, la reinserción social y cubrir las necesidades básicas de la población penitenciaria. 
Por ello, los procesos de cierre y traslados de personas privadas de la libertad bajo proceso o sentencia fueron desarrollados en cinco etapas desde 2017 y hasta 2022, mediante operativos coordinados entre la Agencia de Seguridad Estatal, C5i Hidalgo y la Subsecretaría de Reinserción Social.
