Por: Zaid González
El Senado discutió la reforma a la Ley de la Guardia Nacional propuesta por el presidente, mismo que, se estima, militarizaría la seguridad en nuestro país.
Ello toda vez que nuestro presidente en turno, Andrés Manuel López Obrador, anunció a principios del pasado mes de agosto que presentaría un decreto para que, de manera oficial, se pasara el mando de la Guardia Nacional, que es de carácter civil, a la Secretaría de la Defensa, es decir, que en su propuesta, la cual ya fue votada en la Cámara , los militares se quedarían al mando y control de la seguridad del país.
Eso no es cualquier cosa, porque se trata del punto que más nos duele como nación, ya que desde hace muchos años nuestra seguridad ha sido sínicamente vulnerada por la delincuencia organizada. Por lo tanto está movida estratégica ha despertado varias alertas las cuales consideran “la estrategia” una reverenda tragedia, tomando en cuenta los graves errores, en casos épicos en los que ha incurrido el ejército al asumir tareas policiales civiles.
Solo basta recordar que en 2019, cuando comenzó la administración del presidente en turno, hizo el cambio de corporaciones de seguridad, es decir, de la policía Federal a la ahora Guardia Nacional. Ahora bien, desde un año antes, la entonces Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, defendió el carácter civil del cuerpo de policías, argumentando lo necesario que era tener ese sector separado de la vida castrense, puesto que los civiles velaban por garantizar el bienestar de la ciudadanía, mientras los soldados lo hacían por la soberanía nacional.
Pero la preferencia de nuestro comandante en jefe por las Fuerzas Armadas (Ejercito y Marina) no ha sido disimulada ni tampoco un secreto, puesto que ha dejado en sus manos tareas como el resguardo de la vacunación contra el COVID-19, la construcción de sus magnas obras como el nuevo aeropuerto (AIFA), el Tren Maya o las sucursales del Banco del Bienestar, así como la administración de aduanas y puertos.
Pero el sol no se puede tapar con un dedo y ni siquiera con la mano entera alcanzaría para tratar de hacer olvidar las ocasiones en que los militares han incurrido en graves faltas a la ciudadanía, lideradas por la violaciones de los Derechos Humanos y han salido impunes. Tales como la Inacción Militar en Iguala con la desaparición de los 43 normalistas, los 8 Militares detenidos por el caso Tlatlaya, el Caso Fernández Ortega vs el Estado, por mencionar algunos, que si bien es cierto son casos que no son propios de esta administración, pero no da una antesala de que no ha sido lo más idóneo en sacar al ejército a las calles.
En conclusión podemos decir que las Fuerzas Armadas tienen un record deplorable a la hora de sacarlos a las calles, pero otorguemos el beneficio de la duda a la actual administración para ver cómo evoluciona, ya que es bien sabido que en las administraciones pasadas como en la de Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón se daban estas cuestiones toda vez que la corrupción estaba en los altos mandos del Ejército, Marina y a su vez en la extinta PGR e inclusive desde los Pinos, entonces esperemos que traiga un cambio benéfico para los ciudadanos esta reforma constitucional y que no sea solo un capricho para ganar votantes.
Zaid González CEO de Firma Legal Horbat Cromwell
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