Por Lucía Melgar Palacios
TRANSMUTACIONES
“Por seguridad”, autoridades de la Ciudad de México quitaron la manta que el colectivo de familiares que buscan a sus desaparecidos en Guanajuato, Hasta Encontrarte, había colgado tras horas de incesante esfuerzo el 15 de septiembre. Aunque la manta estaba anclada a la Estela de Luz, aquéllas argumentaron que era un peligro para la ciudadanía. Quitar de la vista de las tropas que ya empezaban a desfilar el mensaje contra la militarización no apaga su urgencia: “No al golpe militar”.
Arrancar la expresión de protesta de uno de los grupos más lastimados por la fallida “estrategia” de combate a la criminalidad, acto simbólico que sintetiza la perseverancia cotidiana de las familias buscadoras en todo el país, es sólo una más de las señales de alarma que deberían movilizar a toda la ciudadanía a la resistencia pacífica contra la entronización de un autoritarismo duro.
En efecto, sólo en este “mes de la patria”, se han acumulado actos y declaraciones que, aunadas a decisiones y discursos anteriores, siguen aplanando el camino hacia un régimen de corte dictatorial.
“Por seguridad”, el actual gobierno decidió pasar por encima de la Constitución, imponiendo mediante votación en bloque de sus súbditos en el Congreso, la militarización de la Guardia Nacional, que en la letra nació civil y en la práctica ha sido dominada por el ejército hasta engullirla. Como de paso, “por seguridad”, integrantes del partido oficial y sus satélites en las Cámaras legislativas, confirmaron su sumisión a la voluntad del Ejecutivo, votando a favor de su iniciativa, repitiendo ataques a sus “adversarios” y votos de confianza en las fuerzas armadas, que no argumentos. Así pisotearon también la separación constitucional de poderes y pretendieron acallar las protestas de ciudadanía y expertos, basadas en evidencias del aumento de homicidios dolosos y violaciones de derechos humanos relacionado con el despliegue de las fuerzas armadas en el país y la “estrategia” contra el crimen organizado.
Luego, también “por seguridad”, se ha querido obligar al Senado a avalar y reproducir el sometimiento de la mayoría oficialista y lo peor del PRI en la Cámara de Diputados para extender hasta el 2028 la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Hasta ahora la oposición ha logrado resistir pero el ambiente se ha tensado aún más. De votarse esta iniciativa, se prolongarán los riesgos de desplegar en las calles a personas que no han sido capacitadas para tratar con la ciudadanía, protegidas por el fuero militar, cuya arbitrariedad podrá ser ocultada a su vez por razones de “seguridad”. El Senado tiene la obligación de pronunciarse a favor de la ciudadanía, de la construcción de cuerpos policiales profesionales y de una revisión a fondo de la mal llamada “estrategia” oficial que no ha contribuido a pacificar el país.
Apelar a la “seguridad”, al orden y la obediencia caracteriza a los regímenes autoritarios, a las juntas militares que toman el poder con golpes de Estado o en colusión con civiles sometidos a la milicia. Se puede pensar que en México no puede darse un golpe de Estado, o que no hace falta. Las fuerzas armadas ya tienen un poder desproporcionado en términos económicos, humanos y materiales, cuentan con un Ejecutivo que ha depositado en ellas su confianza y hasta con una Comisión de Derechos Humanos nacional que dice “defender al pueblo” pero, contra toda lógica, avala la militarización. En este sentido, el discurso del jefe del Ejército el 13 de septiembre, contra la libre expresión de opiniones y la disidencia, derecho básico en una democracia, constituye un signo ominoso de intolerancia.
La pluralidad de opiniones y perspectivas no mina al país. La polarización fomentada desde el poder, en cambio, debilita a la sociedad, el ataque a instituciones democráticas como el INE, los asesinatos de periodistas y activistas, la impunidad de criminales y agentes gubernamentales corroen la convivencia democrática pacífica.
Necesitamos seguridad ciudadana, respeto real a los derechos humanos, más libre expresión y participación democrática. No al silencio impuesto ni el “orden” de las órdenes incuestionables.
