Por: Mtra. Teresa C. Ulloa Ziáurriz
El Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños se conmemora cada 23 de septiembre. Fue instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas (CATW Internacional), en coordinación con la Conferencia de Mujeres de Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999.
Si, en enero de 1999 se llevó a cabo en Dhaka (Bangladesh) la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres, eligiéndose el 23 de septiembre como Día Internacional en contra de la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, para conmemorar la ley Palacios (Primera norma legal que se promulgó en el mundo contra la explotación sexual, en Argentina en 1913).
Conmemoramos este día para elevar la conciencia pública sobre los delitos en materia de explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños. Sirve para prevenir, evaluar las políticas públicas, el desempeño del sistema de justicia, la atención que se da a las víctimas y sobrevivientes y a ponernos nuevas metas.
Y yo creo que, la meta hoy, para nosotras es ser capaces de hacer responsables ante la ley a los consumidores de sexo de paga, tanto de mujeres como de niñas y niños, porque debemos reconocer que la demanda de prostitución es el verdadero motor que mueve la trata y los círculos de explotación sexual.
También, lograr que se dé a las sobrevivientes un acompañamiento, cuidado de su salud física y emocional, vivienda y todas aquellas medidas que eviten que caigan en pobreza extrema y en exclusión social, así como políticas públicas para que se construyan y ofrezcan a las mujeres en situación de prostitución opciones de salida digna.
Pero, además, platicando con algunas integrantes de la Red Latinoamericana de Sobrevivientes de la Trata y la Explotación Sexual y Reproductiva, comentábamos que nuestros gobiernos se han dedicado a simular. Se piensan que con conmemorar el 30 de julio, el Día Mundial contra la Trata, ya están cumpliendo los compromisos internacionales que México y los demás gobiernos latinoamericanos han asumido al ratificar los tratados sobre la materia.
Y hablamos de que nuestros gobiernos simulan, porque, en primer lugar, no reconocen su responsabilidad, al no garantizar las condiciones de seguridad ciudadana y oportunidades de vida digna para todas y todos sus ciudadanas y ciudadanos y colocan a las víctimas y sobrevivientes en condiciones de vulnerabilidad, lo que facilitó que fueran reclutadas. Por eso debemos exigir que se implementen políticas de desarrollo que garanticen las oportunidades y opciones de vida digna para las mujeres y niñas en mayor grado de exclusión, especialmente donde se esté registrando la mayor incidencia como lugares de origen.
Esto debía ser una política de estado, ya que es mejor invertir en prevención, y garantizar a las víctimas la restitución de sus derechos violados, la atención y asistencia, tanto a la salud física como emocional y dotarlas de las herramientas necesarias para que puedan reconstruir su proyecto de vida, es muy largo y costoso.
La protección y asistencia de las víctimas, que le significan a las autoridades de nuestros países como ya lo había mencionado, la restitución de los derechos violados, la atención y asistencia, tanto a la salud física y la salud emocional, a corto y largo plazo, refugios, hogares de transición o casas de medio camino, educación y capacitación para la reconstrucción de su proyecto de vida, tratando de lograr que se puedan reincorporar a la sociedad en las mejores condiciones posibles, y la reparación integral del daño sufrido.
La persecución del delito, que incluye desde la búsqueda y rescate de las víctimas, hasta garantizarles el acceso a la justicia y la garantía de no repetición, que, entre otros, incluye la garantía a la víctima y a la sociedad de que el crimen que se perpetró no volverá a ocurrir en el futuro, el derecho a la verdad que permita conocer lo que verdaderamente sucedió, la justicia que busca que los criminales paguen por lo que han hecho, y a la reparación integral.
Y hoy, cuando hablamos con las sobrevivientes, nos damos cuenta de que nuestros gobiernos las olvidan, sin haber cumplido con sus obligaciones. Es más, yo diría que el problema de la trata y la explotación sexual de las mujeres, niñas y niños, ya no son una prioridad en la agenda pública. Mucho menos, cuando cada vez más y más los gobiernos tienen tendencias reglamentaristas.
Y así, acaban ofendidas por sus gobiernos por la falta de oportunidades y protección, cargadas de dolores físicos y emocionales, sin herramientas para salir adelante por ellas mismas, excluidas, pobres y enfermas.
Por eso debemos exigirles a nuestros gobiernos que se hagan cargo de ellas, hasta que sean capaces de volar con sus propias alas, hasta que cuenten con las herramientas que les permitan sobrevivir. Es terrible que además de todo lo que sufrieron, acaben olvidadas por quienes fueron responsables por no garantizarles su seguridad y oportunidades de vida digna.
Y también digo que simulan, porque ninguna ley o política pública para prevenir, proteger, asistir y perseguir los delitos de explotación sexual y tráfico de mujeres, niñas y niños, pueden ponerse en marcha y darles continuidad sin el presupuesto adecuado. Entonces, preguntémonos qué presupuesto cada uno de nuestros gobiernos dedica a estos fenómenos. En el caso de México, la Ley General cumplió este año su décimo aniversario, establece que habrá dos fondos, uno para la protección y asistencia a las víctimas, hasta su total recuperación y otro para las medidas especiales de protección a las víctimas donde esté involucrada la delincuencia organizada y hasta el día de hoy el Congreso Federal no ha destinado un solo peso a ninguno de los dos fondos.
No me cabe la menor duda que el único camino viable, probado y seguro para terminar con tanto sufrimiento es el abolicionismo y la sanción a la demanda.
¡Hasta el Abolicionismo Siempre!
¡Sin Demanda no Hay Oferta!
