El diputado perredista Miguel Ángel Martínez Gómez presentó una iniciativa en el Congreso del estado para que no ocupen cargos públicos aquellas personas que sean deudoras o deudoras alimentarias.

Detalló que como legisladores y legisladoras deben garantizar el derecho a una vida digna, con alimentos y educación, pero que muchas veces aquellas personas que no proveen alimentos solo son inscritas en el registro de deudores alimentarios.

Ante esto la iniciativa busca que ninguna persona que sea deudor alimentario ocupe un cargo público en ninguno de los tres poderes: judicial, legislativo o ejecutivo, a menos que cumpla con su responsabilidad.

«Si una persona no es capaz de cumplir con sus obligaciones familiares que se consideran de primera necesidad y de las más importantes en la sociedad, mucho menos será capaz de contraer obligaciones y responsabilidades para con terceros», señaló el diputado.

De igual forma se busca que al querer acceder a un cargo público tengan forzosamente que ponerse al corriente con la deuda familiar, «lo que a su vez lo obliga de alguna forma a ser cumplido y puntual con dicha obligación».

La reforma al artículo 157 de la Constitución Política, dictamina que «para poder acceder a cualquiera de los cargos públicos relacionados al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial a que se refiere la presente Constitución, se requiere no ser deudora o deudor alimentario moroso, salvo que acredite estar al corriente del pago, cancele esa deuda, o bien, tramite el descuento correspondiente».