Por: Lucía Melgar Palacios
Inaugurado en 1969, el Metro de la Ciudad de México fue por varias décadas un símbolo de modernidad, un medio de transporte eficiente, barato y rápido. Además, contribuye a mitigar la contaminación y el cambio climático. Por desgracia, lejos de dar prioridad al sistema de transporte colectivo más usado, con más 60 millones de usuarios al mes, las autoridades capitalinas actuales han permitido o propiciado la degradación del servicio y minimizado accidentes graves, mientras se multiplican “incidentes” y retrasos que ponen en riesgo la salud física y mental de las personas y significan pérdidas económicas cotidianas.
Si ya circular por la ciudad implica millones de horas de sueño y recreación perdidas al año, sobre todo para quienes viven en la zona conurbada y padecen el pésimo servicio de micros y autobuses para llegar a su centro de trabajo o estudio en la CdMx, no contar siquiera con el que podría y debería ser un medio confiable y seguro aumenta el sufrimiento cotidiano. Si ya en 2015 nuestra capital era “la ciudad más dolorosa del mundo para transportarse” (C. Altamirano, Nexos), en este 2022 el calvario en el Metro es inaguantable.
Accidentes graves como un choque
de trenes en marzo de 2020, el incendio del centro de control del Metro y el desplome en la línea 12 en 2021 deberían haber bastado para centrar la atención y acción de gobierno y sociedad para garantizar la seguridad del sistema. Substituir el centro de control y reparar la Línea 12 o “modernizar” la línea 1 son acciones indispensables pero no bastan para resolver las consecuencias de la falta de mantenimiento y la negligencia que casi a diario convierten los túneles y pasillos del Metro en hacinamientos multitudinarios, un grave riesgo de seguridad ciudadana.
Las fallas recurrentes en el servicio, más frecuentes, sobre todo este mes, se atribuyen a desperfectos de los trenes, a objetos en las vías, alguna vez por desgracia a personas suicidas, o a “las lluvias”, aunque haya retrasos cuando no llueve, como sucedió este fin de semana. Si bien puede haber imponderables, no es normal ni tolerable que, sin explicación o con pretextos, se condene a la gente a soportar aglomeraciones, empujones, gritos de policías, maltrato y hacinamiento, a cualquier hora. No sólo en horas pico hay problemas.
¿Qué implica usar el Metro en estas condiciones? No sólo llegar tarde al trabajo o a la escuela, con el riesgo de que le descuenten el día, le marquen un retraso o no le dejen entrar, causa suficiente de tensión. También es sentir la presión de cientos de personas en andenes y pasillos, ser empujada para entrar o intentar salir del vagón, ver y sentir cómo usuarias desesperadas se avientan para entrar a un vagón ya saturado sin fijarse si hay niños o personas mayores, porque lo único que importa es seguir el viaje. O quedarse atrapados entre dos estaciones, en la incertidumbre, sin aire suficiente, al borde de la crisis de pánico, como sucedió este domingo en la línea 3. Milagrosamente en los pasillos saturados largo rato, cuando se suspende el servicio o hay retrasos, la paciencia o la necesidad de evitar daños mayores garantizan ahí cierta calma. Sin embargo, no es superfluo preguntarse qué pasaría en caso de temblor o incendio, qué evitaría una estampida y sus brutales consecuencias.
En vez de reconocer este desastre, las autoridades se limitan a repetir: “Tome sus precauciones”, “Lamentamos los inconvenientes”, como si las “afectaciones” fueran menores. Además, presumen inversiones en escaleras eléctricas “nuevas” que anuncian mes con mes para justificar que las existentes sean inservibles, lo que lleva a preguntarnos dónde están esas escaleras nuevas o adónde se fueron, por ejemplo, los 270 millones de pesos que supuestamente han destinado a ellas desde 2019.
Ni ignorar el problema ni achacarlo a males del pasado justifica este atentado contra la ciudadanía. Tampoco puede el gobierno aludir a la “austeridad” oficial cuando el presupuesto anual del Metro en 2022 es de poco más de 18 mil millones de pesos, apenas igual al de 2017 (sin contar la inflación), mientras que el Centro Cultural Chapultepec devorará más de 10 mil mdp., y el Tren (anti)maya más de 143 mil mdp. (si no hay sobrecostos), dos proyectos depredadores que en nada beneficiarán a las mayorías de la ciudad y del país. Esas no son nuestras prioridades.
¿Hasta cuándo pretenden las autoridades capitalinas seguir abusando de nuestra paciencia?
