La Secretaría de Contraloría de Hidalgo detectó que 461 proveedores, denominados comercializadoras, se surtían a través de la plataforma Mercado Libre y vendían distintos productos al gobierno estatal al 300 por ciento de su valor original, por lo que buscará implementar normas y procedimientos para exigir la integridad de las empresas que formen parte del padrón de proveedores y contratistas.

De acuerdo con la dependencia, la actual administración recibió un padrón de 5 mil 769 registros, de los cuales 817 son contratistas y 4 mil 952 proveedores; del total, el 43 por ciento corresponde a personas físicas y el 57 a personas morales, además, 2 mil 134 empresas son foráneas.

Entre las irregularidades detectadas en el padrón, se encuentra un catálogo de 465 especialidades «hechas a modo de privilegiar a proveedores previamente designados porque las contrataciones se orientaban a especialidades simuladas», reveló la Contraloría.

Además, el ocho por ciento de proveedores, con hasta más de 83 giros distintos y «con tratos especiales» vendían lo mismo, como abarrotes, tecnología, muebles, limpieza, medicinas, por mencionar algunos; dichas empresas adquiría n sus productos en Mercado Libre y los revendían al gobierno al 300 por ciento sobre su valor.

Aunado a lo anterior, se detectó que una comercializadora, que tiene el mismo socio y personal técnico que otra, pertenece a un supuesto servidor público; sin embargo, la dependencia estatal no precisó el nombre del probable.

En ese contexto, la administración de Julio Menchaca implementará una reforma normativa anticorrupción, alineando las normas jurídicas del catálogo de especialidades al documento del SAT; lo que implicará el registro de 40 especialidades de comercio y 20 de servicios.

Al igual, los proveedores, contratistas y prestadores de servicios que pretendan vender sus productos y servicios al estado deberán estar incorporados a algún cuerpo colegiado empresarial, o en su caso, tendrán que acreditar que la empresa cuenta con una política de integridad.

Para lo cual, la Secretaría de Contraloría ya trabaja con el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex y los Colegios de Profesionistas en alinear la normativa para incorporar las nuevas medidas y «evitar estafas siniestras y el dispendio de los recursos que son del pueblo».