La diputada Rocío Sosa presentó una iniciativa en materia de inhumación y exhumación para actualizar las penas a quienes afecten el respeto y dignidad de los muertos y se tipifique la distribución, comercialización de cadáveres o partes de esto y se agrave la pena para servidores públicos, empleados de cementerios, seguridad, salud y emergencias.
La pena sería de uno a tres años y de 60 a 120 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMAS) para quienes destruyan, mutilen, desintegren y comercialicen el cadáver de una persona, sus restos o un feto.
En el caso de realizar una cremación sin autorización la pena será de 3 a 6 años de prisión y de 150 a 300 UMAS y para quienes distribuyan fotografiado videos de un cadáver, se impondrá de 2 a 4 años de prisión y multa de 100 a 209 UMAS y en el caso de que las acciones sean ejecutadas por trabajadores de panteones o sector salud la pena aumentará hasta en una tercera parte.
A nombre del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) comentó que «la dignidad póstuma se erige como el valor reconocido al cuerpo sin vida de la
persona, el cual constituye su memoria y la de su red de relaciones significativas».
Señaló que en la actualidad periódicos, diario, páginas de internet y algunos medios de comunicación, exhiben fotografías, imágenes, videos que expone a la persona fallecida y pone en peligro y en riesgo la dignidad del muerto, del cadáver y de sus familiares, como el caso del feminicidio de Ingrid Escamilla dónde se difundieron imágenes de ellas
