Por Rosalinda González
En nuestro estado de Hidalgo las mujeres campesinas son el sector más castigado en cuanto a pobreza alimentaria, patrimonial y de oportunidades.
Entre 1927 y 1971 transcurrieron 44 años en los que el modelo predominante de acceso a la tenencia de la tierra social presentó mayores restricciones para las mujeres que para los hombres, ya que, a diferencia de los varones, ellas únicamente podían ser dotadas de parcela en su calidad de madres solteras o viudas con hijos que sostener.
De acuerdo con la Ley Agraria de ese momento, las mujeres al obtener los derechos agrarios lograban la igualdad de derechos frente a los hombres, por otra parte, con el fallecimiento del ejidatario, su viuda obtenía un lugar privilegiado en los derechos de herencia; no obstante, cualquier cambio de estado civil era motivo para que ellas perdieran los derechos a la tierra; una de las críticas a este modelo de distribución de la tierra fue que los planificadores no previeron que las mujeres pudieran necesitar, e incluso querer, derechos conjuntos o independientes de la tierra (Deere y León, 2000).
Por lo anterior, es que consideramos que la pobreza patrimonial es una rémora de la cultura patriarcal que debe ser erradicada en este proceso transformador hacia una cultura de igualdad y de oportunidades entre hombres y mujeres.
Las reformas legislativas de 1992 a la Ley Agraria, se han ido modificando, por ejemplo, en su artículo 71 y 108 dispone que la asamblea ejidal podrá reservar igualmente una superficie en la extensión que determine, localizada de preferencia en las mejores tierras colindantes con la zona de urbanización, que será destinada al establecimiento de la Unidad Agrícola Industrial de la Mujer, (UAIM) la cual deberá ser aprovechada por las mujeres mayores de dieciséis años del núcleo de población.
La Unidad Agrícola Industrial de la Mujer no solo incorpora actividades económicas de la comunidad ejidal, también está destinada mediante una adecuada organización, a dotar de servicios y protección a la mujer campesina.
Sin embargo, según un informe del Registro Agrario Nacional (RAN) de las 8,609 parcelas certificadas a favor de la UAIM, tan solo se tienen 2,515 inscripciones del trámite ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, (SEDATU) para figuras organizativas, al 31 de enero de 2018, lo que significa que solo el 29.21 % de Unidades se han inscrito.
Por otro lado, la labor de la mujer es invisible y no remunerada, de hecho sus tareas aumentan y se endurecen debido a la migración de los hombres; cifras oficiales dadas en el informe del Coneval de 2016, se reconoce que 53.4 millones de personas vivían en situación de pobreza en nuestro país, es decir el 43.6% de la población; esta situación es todavía más grave cuando se trata del medio rural, con 58.2%, y aún más si la población es indígena, con 77.6%.
Ante este panorama desolador se suma el clima de violencia e inseguridad que cada día es más creciente en las zonas rurales que afecta a todos sus habitantes, pero en mayor medida a las mujeres de todas las edades, ya que las tareas que antes hacían cotidianamente, como la recolección de leña, el acarreo de agua o el traslado a las parcelas, son ahora motivo de temor ante el riesgo de ser violentadas por grupos delincuenciales.
Así podemos concluir que, a pesar de los avances en la legislación agraria y los derechos humanos, las mujeres son invisibles en el campo productivo, porque no están registradas dentro de la población económicamente activa (PEA); nos falta por abonar y no solo la tierra, sino políticas públicas traducidas en acciones que garanticen y protejan los derechos humanos de las mujeres de este sector de la población.
*Jefa de Vinculación con Organizaciones Civiles
CDHEH
Ley Agraria Cámara de Diputados del H. Congreso De La Unión Secretaría de Servicios Parlamentarios Última Reforma DOF 08-03-2022 pag. 13, 14 y 21
Bibliografía:
Deere, Carmen Diana y León, Magdalena. “Género, propiedad y empoderamiento: tierra, estado y mercado en América Latina”. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de Colombia, Tercer Mundo Editores, noviembre de 2000.
