Luego de las primeras detenciones relacionadas con la “Estafa Siniestra”, el excontralor estatal César Mora Velázquez y los alcaldes de Atotonilco el Grande, Singuilucan, Zacualtipán y Pisaflores promovieron demandas de amparos para evitar ser detenidos; en tanto, el ex titular de la Oficialía Mayor, Martiniano Vega Orozco, ya cuenta con una orden en su contra.
De acuerdo con los estados electrónicos del Consejo de la Judicatura Federal, Vega Orozco promovió la demanda de amparo contra una orden de aprehensión y la ejecución de la misma; sin embargo, la suspensión le fue negada para la primera debido a que es un «acto consumado”, lo que significa que ya existe una orden en su contra.
“En relación al(os) acto(s) precisado(s) en el inciso a), lo procedente es negar la medida cautelar, toda vez que, ya fue(ron) emitido(s), por lo que le reviste el carácter de consumado y contra el mismo es improcedente la suspensión, pues concederla implicaría la restitución a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que estima violados, efecto que es propio de la sentencia definitiva que llegare a dictarse en el principal, habida cuenta que la naturaleza jurídica de la institución suspensional sólo tiene efectos preventivos más no reparadores”, señaló el juez de distrito en el expediente 1834/2022.
En tanto, quien fungió como contralor estatal en el gobierno de Omar Fayad promovió su amparo, el pasado 23 de noviembre, contra actos privativos de la libertad, de acuerdo con el expediente 1831/2022, radicado en el Juzgado Primero de Distrito; el juez federal le otorgó la suspensión provisional si la orden de aprehensión reclamada se dictó con motivo de delitos de prisión preventiva oficiosa; además, Mora tiene prohibido ausentarse del municipio de su residencia y debe presentarse ante la autoridad judicial responsable cuantas veces se le requiera, así como ante el juez responsable en un plazo de tres días para la continuación del procedimiento.
Alcaldes también se amparan
De la misma manera, los alcaldes Héctor Hugo Ramírez López, de Atotonilco el Grande; Marcos Miguel Taboada Vargas, de Singuilucan; Edgar Josué Moreno Gayosso, de Zacualtipán; y Luis Francisco González Garay, de Pisaflores, promovieron amparos contra órdenes de aprehensión en su contra, según consta en los expedientes 1819/2022, 1867/2022, 1853/2022 y 1825/2022, respectivamente.
Cabe recordar que, dichos alcaldes forman parte de la lista de 13 presidentes municipales investigados por el desvío de más de 522 millones de pesos; en el caso de Singuilucan, el municipio recibió más de 109 millones de pesos como recurso extraordinario, de los cuales el mandatario de Nueva Alianza devolvió 26 mdp; mientras que, Atotonilco el Grande obtuvo casi 20 mdp, de los cuales regresó poco más de 6.9 mdp.
En el caso del mandatario de Zacualtipán, emanado del Revolucionario Institucional, recibió 14 millones de pesos; y el presidente de Pisaflores, también del PRI, obtuvo 30.9 millones de pesos como recurso extraordinario.
