El gobierno de Hidalgo deberá solventar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) más de cuatro mil 500 millones de pesos de observaciones pendientes que heredaron anteriores administraciones estatales, informó Álvaro Bardales Ramírez, titular de la Secretaría de Contraloría.
Tras encabezar la ceremonia por el 110 aniversario luctuoso de Francisco I. Madero, el funcionario estatal detalló que los más de 4.5 mmdp corresponden a diversos rubros, entre estos se encuentra el caso del Sistema de Radio y Televisión relacionado con la “Estafa Maestra”, que data del 2014; y más de 522 millones de pesos correspondientes al programa de atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral, los cuales fueron observados en el informe de la Cuenta Pública 2021 de la ASF.
«Nos heredaron cuatro mil millones pendientes de solventar, más los 500 mdp del sector salud. Hay que iniciar los procedimientos, hacer las aclaraciones, llevar a cabo el proceso para solventar. Nos dejaron muy desaseado ese tema», declaró.
De manera particular, Bardales dijo tener conocimiento previo sobre los más de 500 mdp observados a la Secretaría de Salud de Hidalgo, la cual no realizó los procesos de contratación en la contingencia sanitaria conforme a la Ley General de Adquisiciones; sin embargo, debía esperar a que la Auditoría emitiera su informe de la Cuenta Pública de dicho año para no caer en ninguna controversia.
En ese sentido, adelantó que la Contraloría dará inicio a los procedimientos de responsabilidades, las investigaciones y, en su caso, se harán las denuncias correspondientes; para ello, se trabajará de manera conjunta con la ASF, que dictará qué procedimientos deberá hacer la dependencia.
Por otra parte, Bardales Ramírez confirmó que presentó denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo en torno a seis áreas del gobierno de Fayad: cuatro secretarías y dos organismos descentralizados.
Todos los casos están relacionados con proveedores o empresas fachada, que se ubicaban en el estado en casas particulares, sin letreros, negocios que no estaban abiertos al público y que no ofrecían un servicio; será la Procuraduría la encargada de determinar si los exsecretarios tienen relación con alguna de estas empresas falsas, puntualizó.
Quienes hayan ejercido ese recurso tendrán que responder: gobernador
Por su parte, el gobernador Julio Menchaca Salazar se refirió entorno a los 522 millones de pesos observados al sector salud; “la Cuenta Pública es del 2021 y corresponde a la anterior administración, sin embargo cada una de las personas que hayan ejercido ese presupuesto no están libres de hacer las aclaraciones o de ser sujetos a responsabilidades que correspondan”, sentenció.
Añadió que, la Contraloría tiene la instrucción de realizar la revisión minuciosa del tema y, en el transcurso del tiempo, serán efectivas las responsabilidades y las aclaraciones que correspondan; “primero vamos a ver si efectivamente es esa cantidad (los 522 mdp) y luego, quiénes los ejercieron tendrán que responder”, afirmó.
