“En temas vinculados con corrupción y con violaciones graves de los derechos fundamentales no puede haber reserva de la información”, señaló Santiago Nieto Castillo, encargado de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), respecto al recurso promovido por el excontralor César R.M.V., para que el actual titular de la Secretaría de la Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez, no realice declaraciones sobre su presunta vinculación con la Estafa Siniestra.
De acuerdo con el expediente 246/2023, radicado en el Juzgado Primero de Distrito del estado de Hidalgo, el exsecretario estatal reclamó que las manifestaciones hechas por Bardales Ramírez lo criminalizan y violan su presunción de inocencia, presentándolo ante la sociedad como culpable dentro de la investigación por el desvío de más de 522 millones de pesos; por lo que solicitó que cesen la carga de adjetivos en su contra.
La solicitud del excontralor se originó por la difusión de notas periodísticas en medios de comunicación y de publicaciones en la página de Facebook de Álvaro Bardales, en las que se habla de las averiguaciones penales contra César N.
En consecuencia, la autoridad judicial determinó conceder al quejoso la suspensión provisional solicitada para que el actual contralor se abstenga de difundir información y realizar declaraciones, manifestaciones o comentarios sobre él, cuya naturaleza sea igual o similar a la de los actos reclamados; a menos que deriven del estricto ejercicio de las atribuciones que por disposiciones constitucionales y legales les corresponden llevar a cabo.
Además, se deberán realizar los actos o gestiones necesarias para que se elimine de internet y de redes sociales la información, manifestaciones, declaraciones o comentarios reclamados en la demanda, únicamente en la parte en que aluden al funcionario de Omar Fayad.
“Creo que como servidores públicos existe nuestro umbral de protección a la vida privada y a la presunción de inocencia y al derecho al honor, pero en una sociedad democrática lo más importante es la libre manifestación de las ideas y teniendo consideración que la Ley General de Transparencia, que es aplicable a nivel federal y local, señala que en temas vinculados con corrupción y con violaciones graves de los derechos fundamentales no puede haber reserva de la información”, respondió Santiago Nieto sobre el caso.
El encargado de la PGJEH recordó que la denominada Estafa Siniestra “fue orquestada por varios integrantes del gabinete anterior, utilizando también a los presidentes municipales”, por lo que, en este caso en particular, “entre la presunción de la inocencia y el derecho al honor y por otro lado el derecho a la información pública, la libertad de expresión, el combate a la corrupción, y el derecho fundamental a vivir en un medio ambiente libre de corrupción, tenemos que estar por lo segundo”, sentenció.
