Veintiún manos se alzaron en la sesión ordinaria de hoy en el Congreso de Hidalgo para aprobar un dictamen que prohíbe contender por un cargo de elección popular a personas que estén cumpliendo una pena contra el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar o violencia política contra las mujeres así como deudores alimentarios morosos.


En el caso de los deudores podrá haber una excepción cuando estén al corriente con el pago, cancelen esa deuda o tramiten el descuento correspondiente.

Esta acción se encamina a garantizar una vida libre de violencia en razón de género y velar por los intereses de los menores de edad.




Dicha resolución fue realizada por la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales después de analizar las iniciativas presentadas por la diputada de Morena, Lisset Marcelino Tovar y del diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Martínez Gómez.


Marcelino comentó en tribuna que actualmente deudores y violentadores son o pueden ser servidores públicos y eso se contrapone con lo ideal de tener servidores públicos ejemplares.

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