Pablo M.C., ex subsecretario de Finanzas de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, fue vinculado a proceso este lunes por el delito de peculado de más de 140 millones de pesos, en agravio de la administración pública estatal, relacionados con el supuesto hackeo que sufrió la SEPH.
Luego de ser detenido el pasado 5 de abril y acogerse al plazo constitucional de 144 horas, el ex funcionario fue presentado en la continuación de su audiencia inicial, donde la autoridad judicial le dictó el auto de vinculación a proceso por peculado de 140 mdp, los cuales fueron pagados a una presunta empresa fachada.
Como medida cautelar, Pablo N permanecerá en prisión preventiva justificada y se determinó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).
Van por otros 3 ex funcionarios y 2 “empresarios”
Previo a la vinculación del ex subsecretario, Santiago Nieto Castillo, en cargado de la PGJEH, reveló que la dependencia tiene en la mira a tres ex funcionarios y a dos representantes de instituciones privadas por su posible participación en el desvío de los 140 mdp, que fueron pagados a una empresa con características de “fachada” para la recuperación de información que supuestamente fue robada a la SEPH.
De acuerdo con el procurador interino, el 20 de marzo, dos días antes del presunto hackeo, la empresa cambió su objeto social para poder trabajar también en la recuperación de información; además, indicó que no hay ningún elemento que acredite que la Secretaría sufrió un hackeo, no obstante, se signó el contrato por 140 millones de pesos con la empresa.
Derivado de las investigaciones, la PGJEH revisó los dos inmuebles que tiene registrada dicha institución privada, ubicados la Ciudad de México y Guadalajara, pero ninguno corresponde a una empresa que se encuentra en funciones.
En cuanto a la detención de Pablo N, Nieto Castillo consideró que éste podría acogerse al criterio de oportunidad, siempre y cuando, garantice la reparación del daño y brinde información que vincule a personas que se encuentren dentro de la estructura delictiva a un mayor nivel.
“Con el criterio de oportunidad se extingue la acción penal en contra de esta persona, pero siempre y cuando nos dé datos respecto a servidores públicos involucrados de mayor nivel, que es lo que estamos buscando; las Procuradurías debemos convertirnos en academias de canto”, concluyó.
