A poco menos de dos meses que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió su informe sobre la Cuenta Pública 2021, la Secretaría de Contraloría estatal entregó la documentación justificativa y comprobatoria para subsanar las observaciones por 556 millones 500 mil pesos que tuvo Hidalgo.
Así lo confirmó Álvaro Bardales Ramírez, contralor estatal, quien señaló que los documentos fueron remitidos a la ASF el pasado 17 de abril, luego de que la dependencia a su cargo acudió a las instituciones que resultaron con observaciones, a fin de recabar las pruebas para la Auditoría.
En ese sentido, el funcionario recordó que la ASF realizó 28 auditorías en Hidalgo y fiscalizó 6 mil 431 millones de pesos, de los cuales se hicieron observaciones por 556.5 mdp.
Del total observado, 522.9 mdp corresponden al programa de Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, que se divide en 443 mdp por el presunto uso de cuentas bancarias de las que no se acreditó la trazabilidad de los recursos que demuestre el destino final del gasto; y 79.9 mdp de la adquisición de reactivos para muestras de laboratorio sin remisión del almacén y por el pago de servicios integrales de mastografías de las que no se acreditó la prestación de los servicios.
Además, en el sector salud también se observaron 30.5 millones de pesos, de los cuales no se creditó la trazabilidad que demuestre el destino final de 18.8 mdp; 3.4 mdp fueron trasnferidos a cuentas bancarias en las que no se identificó al beneficiario, y 8.4 mdp fueron para pago de impuesto sobre la renta en exceso.
Finalmente, de los 556.5 mdp observados, tres millones son de Seguridad Pública por la adquisición de armas y municiones con la Secretaría de la Defensa Nacional, de las que no se proporcionó la documentación comprobatoria y no se acreditó la entrega del armamento por estar sujeta a disponibilidad del Ejército.
Aunado a lo anterior, Bardales Ramírez indicó que ocho organismos del estado también resultaron con observaciones porque no privilegiaron el procedimiento de participación pública para las adjudicaciones y contrataciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
Se trata de la Auditoría Superior de Hidalgo, el Congreso local, y las Universidades Politécnica de Francisco I. Madero, Politécnica de Huejutla, Tecnológica de la Sierra Hidalguense, de la Zona Metropolitana del Valle de México, del Valle del Mezquital, y Tecnológica Minera de Zimapán.
“Presentamos documentación de todas, pero, la Auditoría no dirá que es correcta”, declaró el contralor al explicar que la ASF se tomará alrededor de 40 días en pronunciarse respecto a los documentos entregados; hasta entonces, la Contraloría sabrá qué montos quedaron solventados y en cuáles tendrán que iniciar procedimientos de responsabilidad.
