Dra. Patricia Catalina Medina Pérez*, Profesora investigadora*
Lic. Oscar Zúñiga Jiménez**

En México se está trabajando para asegurar el derecho humano a la vivienda adecuada para toda la población (ONU Hábitat, 2019). Para lograrlo, se está recuperando el papel rector del Estado en materia de vivienda y se está implementando una política que atienda las necesidades actuales de la población, de manera que la vivienda se convierta en un espacio habitacional que esté estrechamente relacionado con el territorio. Sin embargo, en los últimos años, la vivienda se ha convertido en un problema social en México, lo que ha vulnerado los derechos e intereses fundamentales necesarios para el desarrollo de una economía social sólida, solidaria y estable. Datos del CONEVAL indican que cerca de 9 millones de hogares en México se encuentran en situación de precariedad habitacional, lo que equivale al 23.6% de la población total.

El déficit de vivienda adecuada en México y América Latina es un grave problema político, social y económico que afecta los derechos fundamentales de la humanidad. Para solucionar estos problemas estructurales y lograr una urbanización incluyente, planificada y sostenible, es necesario que las políticas públicas incluyan medidas concretas para mejorar el acceso justo a una vivienda adecuada y superar las inequidades territoriales y las desigualdades sociales. La vivienda adecuada juega un papel fundamental como instrumento para lograr estos objetivos.

Por lo tanto, es necesario implementar un modelo de desarrollo territorial equilibrado que tenga en cuenta elementos como el suelo, el financiamiento, la gestión de trámites y permisos, y la gestión integral de riesgos ante desastres, todo ello vinculado al ordenamiento territorial y al manejo ambiental. La nueva política de vivienda en México se enfoca en los grupos más vulnerables y, por primera vez, el programa nacional de vivienda incorpora los siete elementos de vivienda adecuada establecidos por ONU Hábitat: seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural.

Este programa es pionero en la alineación con los criterios de vivienda adecuada y ha sido construido con la colaboración de diversos actores de los sectores privado, público y social, con el objetivo de que más de 5 millones de familias mexicanas tengan un hogar (SEDATU, 2019).

Hablar de una vivienda adecuada en contextos como el de México y América Latina, puede parecer difícil de lograr, debido a que aún están en pleno desarrollo, como menciona Pissarelo G. (2003); existen desafíos importantes en cuanto a la calidad y accesibilidad de la vivienda, incluyendo la falta de financiamiento adecuado, la mala ubicación de los desarrollos habitacionales, la informalidad en la tenencia de la tierra, la escasez de servicios públicos y la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno en la planificación territorial. Las problemáticas mencionadas deberán atenderse debido a que una vivienda adecuada es fundamental para el desarrollo económico y social de un país, ya que proporciona un lugar seguro y estable para que las personas vivan, trabajen y formen comunidades.

La mejora de la vivienda y el acceso a servicios básicos puede ayudar a abordar estos problemas y promover el desarrollo sostenible.

 

*Profesora investigadora
Estudiante de la Maestría en Desarrollo Urbano Sustentable
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