Dr. Everardo Chiapa Aguillón*
Considerar la posibilidad de transitar de un lugar a otro, buscando habitar en mejores condiciones, podría ser una opción racional en el supuesto, pero inviable en lo práctico. La idea de ‘votar con los pies’, derivada del artículo ‘A Pure Theory of Local Expenditures’, de Charles M. Tiebout, se refiere al hecho de que los ciudadanos tenderán a migrar en busca del lugar en el que mejor se cubran sus necesidades y no solamente a votar por las propuestas políticas que se presenten en su lugar de residencia. Es decir, los consumidores-votantes (como les llama el autor) se mueven hacia la comunidad cuyo gobierno local satisfaga de mejor forma su conjunto de preferencias. En México, un país sumido en la delincuencia y la ingobernabilidad a todos niveles, más que un ejercicio de manifestación de preferencias, votar con los pies parecería una perpetua huida de la corretiza del delito.
Con base en lo anterior, surge una incógnita al respecto de la actuación de los gobiernos locales en México: ¿son éstos los que se adaptan al mercado de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la ciudadanía o son los ciudadanos quienes terminarán migrando hacia espacios con una oferta de bienes y servicios definida? Si bien encontrar la respuesta a este cuestionamiento pudiera resultar compleja, al menos podemos tener indicios de lo que preferiríamos como residentes de una ciudad; por ejemplo, no ser víctimas de la delincuencia.
A partir de los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ha sido posible identificar la proporción entre las diversas causas de migración al interior del país. La principal razón de cambio de residencia en México tiene que ver con asuntos familiares; específicamente, 45.8% de las personas que al momento del levantamiento del Censo 2020 manifestaron residir en un lugar distinto en 2015 migraron por esos motivos. Sin embargo, no son solamente temas familiares las causas de la migración en México, sino también lo son el trabajo, el estudio y la inseguridad. Al respecto, los datos nacionales señalan que el 4% de las personas de 5 años y más que cambiaron de residencia entre 2015 y 2020 lo hicieron por motivos de inseguridad.
Ese porcentaje se acentúa en el caso de Hidalgo, con 7%, y aún más si tomamos en cuenta el dato de la capital, Pachuca, con 10.1%. Es decir, la llegada de habitantes a la entidad y a su capital, que haya sido por motivos de inseguridad (en su lugar de residencia anterior), se ha dado en mayor proporción que a nivel nacional. Esto podría lanzar una señal de que las condiciones de seguridad en Hidalgo son mejores que en otras entidades. De hecho, solamente Querétaro y Yucatán han experimentado una mayor inmigración por motivos de inseguridad que Hidalgo. No obstante, habrá que evitar ‘sobreinterpretaciones’ al creer que el estado se encuentra mejor que antes en ese aspecto.
De acuerdo con la base de datos sobre incidencia delictiva a nivel municipal, publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los dos municipios centrales de la zona metropolitana de Pachuca (Pachuca y Mineral de la Reforma) reportaron, en conjunto, 5 mil 72 delitos en el primer trimestre del 2023. Esto es 26% más que el mismo periodo del año 2022, cuando se presentaron 4 mil 28 delitos que, a su vez, representaron un aumento de 60% respecto de los tres primeros meses del 2021. Dicho de otro modo, van dos años consecutivos con aumentos considerables en la incidencia delictiva de la ciudad de Pachuca. Claro que habrá quien sugiera que la recientemente terminada emergencia por la pandemia de COVID-19 contribuyó a que se redujera la incidencia delictiva en los recientes años (al igual que casi todas las actividades humanas), pero la inseguridad no debería gozar de margen de tolerancia.
La seguridad, entendida como uno de los bienes públicos que trascienden en nuestras decisiones, incluso para cambiar de ciudad, tiene un peso considerable en la calidad de vida de las personas. Pero la seguridad no se da por decreto o porque así lo perciba desde su fantasiosa ilusión un presidente municipal, sino que es (o debería ser) resultado de hacer valer el estado de derecho.
Sí, hay una atracción considerable de familias hacia la entidad y hacia sus zonas metropolitanas, pero esto no es síntoma de prosperidad, más aún cuando la ciudad crece de manera descontrolada. El fenómeno de inmigración solo complejiza el absurdo de migrar escapando de la inseguridad para llegar a otro espacio donde la delincuencia va en aumento (el municipio de Pachuca sumó más de 13 mil delitos el último año). El problema, sin que sea exclusivo de Hidalgo o Pachuca, parece generar un aterrador escenario ambivalente: soportar la delincuencia o votar con los pies. Hay que temer del día en que por forzosa necesidad debamos movernos hacia donde menos roben.
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