La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Contraloría de Hidalgo iniciarán una “auditoría colmena” a 28 municipios para supervisar el correcto uso de recursos federales del 2022, informó Álvaro Bardales Ramírez, titular de la dependencia estatal.
Tras participar en una reunión con síndicos y regidores, el contralor estatal detalló que serán 35 auditorías las que se harán a 28 municipios, en algunos ayuntamientos se realiza más de una revisión, con el objetivo de fiscalizar los recursos que recibieron a través de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), de Participaciones Federales Municipales (PFM) y de Aportaciones Federales Municipales.
Bardales explicó que la ASF seleccionó a los municipios que más dinero recibieron de los tres fondos, a fin tener el mayor impacto en la revisión de los recursos; hasta el momento, todos los ayuntamientos involucrados ya fueron notificados.
Se trata de los municipios de Actopan, Apan, Atotonilco de Tula, Cuautepec, Huehuetla, Huejutla, Huichapan, Ixmiquilpan, Lolotla, Metztitlán, Mineral de la Reforma, Mineral del Chico, Mixquiahuala, Pachuca, San Felipe Orizatlán, Tezontepec, Tizayuca, Tlanchinol, Tula, Tulancingo y Xochiatipan; así como Acaxochitlán, Huautla, Huazalingo, Mineral del Monte, Nopala, Tepeji y Tula, estos últimos involucrados en el desvío de recursos en la denominada Estafa Siniestra.
Con la presencia de 50 funcionarios de la Contraloría, más el personal de la ASF, se desarrollará la apertura de las auditorías el próximo 14 de julio; posteriormente, todo el proceso será electrónico y durará tres meses, estimó el secretario estatal.
Finalmente, Álvaro Bardales proyectó que la ASF estará presentando los resultados de las auditorías para el informe de octubre del presente año; en caso de haber observaciones, los ayuntamientos tendrán un periodo para subsanar, de lo contrario se comenzarán los procesos para fincar responsabilidades.
Cabe recordar que la “auditoría colmena” fue diseñada por la Auditoría Superior de la Federación y es una estrategia que consiste en la focalización de la revisión, no a una muestra, sino a un acto en particular llamado contrato, centrándose únicamente en la revisión de la gestión de los recursos de origen federal.
